
InGenio Journal, 9(2), 96–106 97
InGenio Journal, 6(1), 1–4
1. INTRODUCCIÓN
En América Latina y el Caribe (ALC), las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y la
conectividad a internet han crecido de forma sostenida durante la última década; sin embargo, la expansión
no ha sido homogénea y persisten brechas relevantes entre países y, sobre todo, al interior de ellos. La
evidencia comparada muestra que, mientras algunas economías superan niveles muy altos de conectividad
en los hogares, otras mantienen rezagos significativos, con diferencias que suelen reproducirse
territorialmente [1], [2].
En este escenario, el acceso no depende únicamente de la disponibilidad tecnológica. Factores como la
inversión en infraestructura, la estructura de mercado, la regulación y, especialmente, la asequibilidad del
servicio condiciona la adopción efectiva. En ALC, la asequibilidad tiende a deteriorarse en hogares de
menores ingresos y en zonas rurales, donde la menor densidad poblacional eleva los costos de despliegue
y operación de la red [3], [4], [5].
Para monitorear el desarrollo de la banda ancha y sus brechas, una herramienta ampliamente utilizada
en la región es el Índice de Desarrollo de la Banda Ancha (IDBA), que integra dimensiones de política
pública, regulación, infraestructura, aplicaciones y adopción. Este enfoque es especialmente útil para
comprender que la llamada “brecha digital” no es estática, puede transformarse y, en ciertos contextos,
profundizarse si la expansión de la cobertura no se acompaña de condiciones de asequibilidad y calidad [6].
Con datos de 2022, el banco de desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) reportó que el acceso
a internet en los hogares aumentó con el nivel de ingresos y fue considerablemente mayor en áreas urbanas
que en rurales. En el área urbana, el acceso osciló entre 59,5 % (quintil 1) y 87,8 % (quintil 5), mientras
que en el área rural se ubicó entre 21,4 % y 49,4 %. En consecuencia, se estimó que el 25,2 % de la población
urbana y el 64,2 % de la población rural habitaban en hogares sin acceso a internet [3], [7]. Este patrón
sugiere que el cierre de brecha exige, además de ampliar cobertura, resolver el componente económico del
despliegue y de la última milla, particularmente en territorios con bajos ingresos y altos costos de conexión
[8], [9].
Desde una perspectiva comparada, Ecuador registra avances, pero aún presenta rezagos frente a
promedios regionales y, con mayor distancia, respecto de países de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OCDE). Para 2019, un diagnóstico del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) señalaba que la penetración de banda ancha fija y móvil en Ecuador se ubicaba por debajo de
referencias regionales y significativamente por debajo de la OCDE, además de una cobertura menor de
banda ancha móvil de alta velocidad [6], [10]. Las estadísticas oficiales muestran una expansión
significativa del acceso a internet en los hogares. Entre 2019 y 2024, el porcentaje de hogares con acceso a
internet en el área urbana pasó de 56,1 % a 73,6 %, mientras que en el área rural aumentó de 21,6 % a 48,1
% [11].
Pese al mayor crecimiento relativo en el ámbito rural, la brecha urbano-rural persiste. En estas zonas,
la expansión del acceso está condicionada por la inversión en infraestructura, los costos de la última milla
y la capacidad de los hogares para sostener el pago del servicio. Adicionalmente, la disponibilidad de banda
ancha puede favorecer procesos de diversificación productiva y reducción de pobreza cuando se combina
con capacidades y usos relevantes para el tejido local [12].
A esto se suma que el cierre de brecha no se agota en el acceso físico. Evidencia reciente para Ecuador
identifica una asociación positiva entre alfabetización digital/adopción digital y niveles de ingreso, lo cual
respalda la necesidad de políticas complementarias de capacidades para convertir conectividad en
resultados económicos y sociales [13]. En el marco de la planificación pública, el Plan de Desarrollo para
el Nuevo Ecuador 2024-2025, en su Objetivo Nacional 8, plantea “impulsar la conectividad como fuente
de desarrollo y crecimiento económico y sostenible”, priorizando el despliegue de fibra óptica en zonas
rurales, urbano-marginales y de frontera, así como la transición hacia redes más avanzadas y el acceso al
espectro radioeléctrico en condiciones adecuadas [14].
En este contexto, el objetivo del estudio fue determinar si el crecimiento provincial de accesos de
internet fijo entre junio de 2024 y junio de 2025 representó un cierre territorial de la brecha o una expansión
heterogénea concentrada. Para ello, se integraron indicadores absolutos, relativos, per cápita y de
concentración territorial, junto con pruebas no paramétricas orientadas a evaluar la relación entre tamaño
inicial, penetración demográfica y patrones de crecimiento.