InGenio Journal
Revista de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo
https://revistas.uteq.edu.ec/index.php/ingenio
e-ISSN: 2697-3642 - CC BY-NC-SA 4.0
InGenio Journal
Revista de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo
https://revistas.uteq.edu.ec/index.php/ingenio
e-ISSN: 2697-3642 CC BY-NC-SA 4.0
Volumen 9 | Número 2 | Pp. X–X | Julio 2026 Recibido (Received): 2022/mm/dd
DOI: https://doi.org/ Aceptado (Accepted): 2022/mm/dd
Brechas regulatorias en agua y saneamiento en
Ecuador: aplicación de la metodología WASHREG
(Regulatory Gaps in Water and Sanitation in Ecuador: Application of the
WASHREG Methodology)
Sara Brigitte Barbosa Santacruz
, Elizabeth Lucrecia Vargas Zuñiga
, Jesús Enrique
Chavarría Párraga
Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Portoviejo, Ecuador.
sbbarbosa@pucesm.edu.ec, elvargas@pucesm.edu.ec, jechavarria@pucesm.edu.ec
Resumen: El acceso al agua potable y al saneamiento en el Ecuador presenta limitaciones en
términos de calidad, cobertura y efectividad regulatoria, evidenciando que el 29,9 % de la
población no accede a agua segura y el 14,1 % carece de saneamiento básico. Por ende, el
presente estudio tiene como objetivo analizar las brechas en la regulación del sector a través
de la aplicación del enfoque WASHREG. La investigación se desarrolló bajo un enfoque
cualitativo descriptivo y analítico, mediante la revisión de la normativa vigente, informes
institucionales y literatura especializada complementada con entrevistas semiestructuradas a
cinco expertos del sector académico, técnico e institucional. Los resultados evidencian que,
aunque el país cuente con un marco normativo amplio y con un organismo regulador
consolidado, persisten las brechas en la implementación en las fases de monitoreo, control y
aplicación de sanciones. Se identificaron debilidades en áreas como protección al consumidor
y salud pública, con mayor impacto en zonas rurales. Se concluye que el principal problema
radica en la gobernanza regulatoria más que en la ausencia de normativa, por ello, se
recomienda fortalecer los mecanismos de supervisión, mejorar la gestión de información y
promover los ajustes regulatorios a la eficiencia y sostenibilidad del servicio.
Palabras clave: Gobernanza regulatoria, monitoreo y control, normativa del Ecuador,
calidad del servicio
Abstract: Access to safe drinking water and sanitation in Ecuador is limited in terms of
quality, coverage, and regulatory effectiveness, as evidenced by the fact that 29,9% of the
population lacks access to safe water and 14,1% lacks basic sanitation. Therefore, this study
aims to analyze gaps in the sector’s regulation through the application of the WASHREG
approach. The research was conducted using a qualitative, descriptive, and analytical
approach, involving a review of current regulations, institutional reports, and specialized
literature, supplemented by semi-structured interviews with five experts from the academic,
technical, and institutional sectors. The results show that, although the country has a
comprehensive regulatory framework and a well-established regulatory body, gaps persist in
implementation during the monitoring, control, and enforcement phases. Deficiencies were
identified in areas such as consumer protection and public health, with the greatest impact
felt in rural areas. The report concludes that the main problem lies in regulatory governance
rather than in the absence of regulations; therefore, it recommends strengthening oversight
mechanisms, improving information management, and promoting regulatory adjustments to
enhance the efficiency and sustainability of the service.
Keywords: Regulatory governance, monitoring and control, regulations of Ecuador, service
quality.
1. INTRODUCCIÓN
El agua es un recurso natural no renovable, indispensable para la vida, que se ve amenazado
por la constante contaminación y mal uso, reflejándose en los consumos inadecuados del líquido
Brechas regulatorias en agua y saneamiento en
Ecuador: aplicación de la metodología WASHREG
(Regulatory Gaps in Water and Sanitation in Ecuador: Application of the
WASHREG Methodology)
Sara Brigitte Barbosa Santacruz
ORCID iD
, Elizabeth Lucrecia Vargas Zuñiga
ORCID iD
, Jesús Enrique Chavarría
Párraga
ORCID iD
Volumen 9 | Número 2 | Pp. 46–66 | Julio 2026
DOI: https://doi.org/10.18779/ingenio.v9i2.1226
Recibido (Received): 2026/02/09
Aceptado (Accepted): 2026/04/27
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vital por parte de los seres humanos, haciendo que se vuelva cada vez más escaso. En el Ecuador
el 70,1 % de la población dispone de agua segura y el 85,9 % cuenta con servicios de saneamiento
básico. No obstante, es necesario diferenciar entre el acceso físico y el acceso seguro:
aproximadamente el 8,0 % de la población no cuenta con infraestructura de acceso al agua,
mientras que cerca del 29,9 % no accede a este recurso en condiciones adecuadas de calidad,
continuidad y potabilidad; esta situación evidencia que la problemática no se limita a la cobertura,
sino que involucra la calidad del servicio [1].
Se estima que aproximadamente 2.200 millones de habitantes carecen de acceso a agua
potable segura; en tal sentido, 3 de cada 10 personas no tienen acceso al agua, mientras que 6 de
cada 10 carecen de servicio de saneamiento. Además, la escasez de este recurso afecta a más del
40 % de la población a nivel mundial. Para las proyecciones del año 2040 a nivel mundial se
prevé un aumento de la demanda del agua en más del 50 % [2].
En respuesta a esta problemática, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció
el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 6, que busca expandir y asegurar el acceso a los
servicios de agua y saneamiento a la población de forma segura. Ecuador, a finales del 2015 se
comprometió a integrar los postulados de la ODS en el Plan Nacional de Desarrollo [1].
El ODS número 6 “Agua limpia y saneamiento”, consiguió un avance importante en el acceso
al agua potable y saneamiento, pero millones de personas todavía carecen de servicios básicos en
las zonas rurales. Este aspecto fue dado a conocer en la Agenda 2030 de la ONU, debido a que 1
de cada 3 personas no tienen acceso al agua potable de calidad y 2 de cada 5 personas en el mundo
no disponen de instalaciones básicas o suministros para la buena potabilidad del agua [3].
En el ámbito nacional, a través del decreto oficial del 27 de noviembre de 2013, se creó la
Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA), entidad encargada de regular y supervisar
la gestión integral de los recursos hídricos, incluyendo la calidad y cantidad del agua, así como la
prestación de los servicios públicos asociados. Esta institución forma parte del marco de
gobernanza del recurso hídrico en el país, el cual ha experimentado procesos de reorganización
institucional en los últimos años, particularmente con la evaluación del Ministerio del Ambiente,
agua y Transición Ecológica hacia nuevas estructuras administrativas orientadas a una gestión
más integrada del agua y la energía [4].
El saneamiento deficiente y la contaminación del agua son responsables de enfermedades
como el cólera, la disentería, la hepatitis A y la fiebre tifoidea, que se transmiten por medio de la
ingesta de agua contaminada. En este contexto, aumenta el riesgo de contraer enfermedades que
ponen en riesgo la vida de las personas, en especial la de los niños. Además, los constantes
cambios ambientales, el aumento de la población y la contaminación del agua hacen que el
sistema hídrico nacional sea vulnerable [5].
Un estudio realizado por Bravo Coello et al. [6] identificó que en las localidades rurales el 70
% de los sistemas de saneamiento tienden a fallar después de 2 años de haberse construido debido
a la falta de mantenimiento del órgano regulador, lo que conlleva a la disminución de la salud
pública y ambiental resultando un aumento en los costes económicos para subsanar estos
problemas. Este problema de suministro de agua potable y saneamiento en las localidades rurales
se debe abarcar individualmente para reconocer las limitantes existentes. Dichos factores,
sumados a los contextos sociales, geográficos y políticos, conllevan a que la inclusión de enfoques
como WASHREG fracasen cuando se replican en contextos similares. Sin embargo, es necesario
concebir que los sistemas de saneamiento son sistemas complejos que interactúan con una vasta
red de sistemas humanos.
Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), quien se encarga de
promover y hacer cumplir los derechos de los niños, niñas y adolescentes, el acceso, disponibilidad
y calidad del agua segura para beber en los hogares a nivel nacional es de 34,96 %, en el ámbito
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rural el 36,32 %, mientras que en la región Amazónica es del 28,64 %. Estos datos señalan que la
región amazónica posee mayores problemas de calidad de agua, mientras que en la región de la
Sierra se identifica la poca disponibilidad al servicio de agua potable. Además, un estudio realizado
por Molina-Vera et al. [7], muestra un escenario desalentador con cifras por debajo de la media,
teniendo así que solo el 9 % del total de todos los cantones del país cuenta con cobertura del 80 %.
Las organizaciones comunitarias son clave para la implementación de estrategias establecidas
para la paridad de género en los distintos niveles del sistema nacional estratégico del agua en el
Ecuador. Entonces, la LORHUyA menciona que: “Todas las personas ejercerán el derecho
humano al agua en condiciones de igualdad. Se prohíbe toda discriminación por motivos de etnia,
sexo, edad, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición
económica, orientación sexual, estado civil u otro tipo de condición que pretenda menospreciar
el igual disfrute del derecho al agua” [8]. Por lo tanto, son la única instancia de gestión en la zona
rural, sector con el peor acceso al agua potable en el país; por ende, se requiere un adecuado marco
regulatorio específicamente en lo tributario y laboral porque estas organizaciones tienen lógicas
económicas diferentes.
En 2020 un estudio realizado por Espés-Pizarro [10] mencionó que el acceso al suministro
de agua mejorada de red u otras fuentes mejoradas alcanzó el 91,2 % de la población y el
saneamiento mejorado alcanzó el 96,8 % de los habitantes. Sin embargo, aún existen zonas por
cubrir como las poblaciones indígenas y amazónicas que conforman la de escasos recursos
financieros y humanos, dando a entender que solo el 45,5 % recibe agua en sus domicilios.
Además, solo el 75 % de los ecuatorianos recibe agua segura; es decir, agua sin contaminación
fecal, suficiente y con fuentes mejoradas [9].
Según ARCA [11] en 2023 se presentó el benchmarking de los prestadores públicos de los
servicios de agua potable y saneamiento en Ecuador, donde de los 221 prestadores de servicio 22
se ubican en la categoría A con un nivel eficiente, 60 en la categoría B con un nivel bueno, 101
se encentran en la categoría C con un nivel Aceptable, 30 para la categoría D con un nivel regular
y 9 prestadores de servicio en la categoría E de nivel deficiente. Estas categorías representan el
nivel de servicio agua potable, por lo tanto, el promedio nacional para este nivel es de 77,60%,
mientras que servicio de alcantarillado alcanza los 58,06% [10].
El costo económico relacionado al acceso deficiente al agua potable y saneamiento básico es
equivalente a $2,3 billones de dólares lo que equivale al 2,3% del producto interno bruto (PIB) a
nivel nacional [11]. El mayor impacto de este efecto vienen del área de la salud con un valor de
$1,3 billones que son relacionados con costos en atención médica, tratamiento u hospitalización,
además de gestión de recursos hídricos especialmente en costos de tratamiento y acarreo del agua
[11].
Estas realidades llevan a plantear preguntas sobre el estado de la regulación del sector de agua
potable y saneamiento en Ecuador, si las regulaciones emitidas son herramientas eficientes, o si
es necesario ajustes a las regulaciones y el control. Por ello, este trabajo está centrado en el estudio
de los avances que existen en la regulación del sector de agua y saneamiento, adaptando el
enfoque WASHREG para el contexto del Ecuador.
2. METODOLOGÍA
El enfoque WASHREG desarrollado por el Instituto Internacional del Agua de Estocolmo
(SIWI) [12] se usa para identificar brechas en la regulación nacional y las dificultades que tiene
la prestación de servicios de agua y saneamiento. Este enfoque se concibe como un proceso
participativo que involucra a instituciones gubernamentales, organismos reguladores, actores del
sector y otras partes interesadas, con el objetivo de definir una hoja de ruta orientada al
fortalecimiento de la regulación del sector WASH.
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La implementación del enfoque WASHREG permite estructurar el análisis en torno a tres
facultades regulatorias fundamentales: i) definición de reglas y aprobación de normas, ii)
monitoreo e información, y iii) aplicación de las normas. Estas facultades se evalúan en función
de su aplicación dentro de áreas regulatorias clave, tales como la calidad del servicio, la protección
al consumidor, el establecimiento de tarifas, la competencia, el medio ambiente y la salud pública,
tal como se presenta en la Tabla 1.
Tabla 1. Definición de las áreas regulatorias de análisis en el enfoque WASHREG [12].
Áreas regulatorias Descripción/Objetivo
Regulación de la calidad
del servicio
Establecer criterios tales como recopilación de datos e
indicadores, establecer indicadores y procedimientos para
brindar un buen servicio, llevar auditorías a los operadores
para que cumplan los servicios para reflejar adecuadamente
las necesidades del consumidor.
Protección al consumidor
Los organismos de regulación establecen políticas de
protección al consumidor, medidas claras que reflejan
información sobre la regulación de precios, facturación,
deudas y suspensión con respecto al suministro y
saneamiento de agua.
Establecimiento de tarifas
El organismo regulador puede establecer o aprobar tarifas
según los criterios y procedimientos claros, además, los
principios de recuperación de costos de inversión e inversión.
El establecer una tarifa implica la participación de las partes
interesadas.
Competencia
1
El mercado público y privado está regulado mayormente por
el gobierno o autoridad competente, el cual garantiza las
condiciones equitativas para todos competidores con criterios
claros y procedimientos adecuados en contexto de las reglas
que se obliga a cumplir.
Medio ambiente
Son regulaciones estándar que se deben cumplir con las
políticas nacionales a través de directrices, pautas y marcos
con el objetivo de proteger el medio ambiente de sustancias
nocivas que perjudiquen el servicio de agua. Implementando
normas, lista de sustancias, límites permisibles para aguas
residuales, industriales o agrícolas.
Salud pública
Establecen los límites o requisitos mínimos que deben
cumplir la calidad del agua en base a valores referenciados
recomendados por la Organización Mundial de la Salud
(OMS).
Nota. Adaptado de [12]. La tabla presenta las principales áreas regulatorias del enfoque
WASHREG, orientadas a la gestión de los servicios de agua y saneamiento.
1
Para el caso de Ecuador no aplica el área regulatoria ¨Competencia¨ ya que en Ecuador la prestación del
servicio de agua potable y saneamiento es público o comunitario.
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La investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo de carácter analítico, estructurado en
tres fases:
Fase I: Identificación de contextos regulatorios
En esta fase se examinó información secundaria disponible sobre la regulación del sector. Se
revisaron leyes, reglamentos, resoluciones de ARCA y otros organismos relacionados, informes
técnicos y estudios previos sobre la prestación de servicios de agua potable y saneamiento. A
partir del marco WASHREG se organizaron los contenidos en tres facultades regulatorias
(definición de normas, monitoreo e información y aplicación de normas) y cinco áreas de análisis:
calidad del servicio, protección al consumidor, establecimiento de tarifas, criterios
medioambientales y salud pública. Con esta base se elaboró un análisis preliminar de
responsabilidades regulatorias, identificando qué entidad ejerce cada función, qué instrumentos
normativos la respaldan y cuáles eran las principales brechas señaladas en la literatura. Esta
información permitió definir los escenarios iniciales sobre el grado esperado de efectividad de la
regulación.
Fase II: Levantamiento de información
En esta etapa se recopiló información primaria mediante cinco entrevistas estructuradas, una
vez a cada persona, en un periodo de cinco días. Los entrevistados fueron actores del sector
privado con experiencia en la prestación de servicios de agua potable y saneamiento, funcionarios
del sector público (MAATE) y de la academia, así como profesionales que han trabajado
previamente en la ex-SENAGUA. Todos cuentan con experiencia técnica o de gestión en el
sector, lo que permitió obtener una visión informada sobre el funcionamiento del marco
regulatorio (Tabla 2).
Tabla 2. Características de los entrevistados.
Característica Descripción
Número total de entrevistas 5 entrevistas individuales, estructuradas
Número de aplicaciones por
persona
Una aplicación por entrevistado
Periodo de aplicación Ventana de 5 días consecutivos
Sectores representados
Sector privado vinculado a servicios de agua y
saneamiento; Ministerio de Ambiente, Agua y
Transición Ecológica (MAATE); academia
(universidades); profesionales con experiencia previa en
la ex-SENAGUA
Criterio principal de selección
Conocimiento técnico y experiencia laboral directa en
regulación, gestión o supervisión de servicios de agua
potable y saneamiento
Tipo de información obtenida
Percepción sobre nivel de cumplimiento de las
regulaciones, identificación de brechas por facultad y
área regulatoria, y propuestas de mejora
La selección de los participantes se realizó mediante un muestreo intencional, considerando
un total de cinco expertos con experiencia relevante en el ámbito académico, técnico e
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institucional. Esta muestra se considera pertinente para un diagnóstico cualitativo, debido a que
los participantes ocupan roles estratégicos en la toma de decisiones, investigación y gestión del
sector, lo que garantiza la obtención de la información especializada y contextualizada.
El instrumento de recolección de datos consistió en una guía de entrevista estructurada en
función de los criterios del enfoque WASHREG; ya que dicho instrumento fue diseñado tomando
como base el manual metodológico propuesto por SIWI [12], y adaptado al contexto ecuatoriano.
Además, fue sometido a validación a través de juicios expertos, con el fin de garantizar la
pertinencia, claridad y coherencia de las preguntas en relación con los objetivos de la
investigación.
Se adaptaron las matrices del “mapeo de criterios de áreas regulatorias según las facultades
regulatorias” del enfoque WASHREG, que abarca las tres facultades regulatorias: i) definición de
reglas y aprobación de normas, ii) monitoreo e información y iii) aplicación de normas. Estas
matrices se aplicaron para cada una de las áreas regulatorias definidas anteriormente (calidad del
servicio, protección al consumidor, establecimiento de tarifas, medio ambiente y salud pública);
y se desarrolló un formato de entrevistas estructuradas con tres partes: 1) generalidades del
entrevistado y de la institución en la que labora, 2) identificación de brechas aplicando una matriz
por cada área regulatoria y cada facultad, y 3) preguntas abiertas sobre las oportunidades de
mejora para cada área regulatoria [12] (Figura 1).
Figura 1. Formato de las entrevistas estructuradas.
Nota. Se debe elaborar una matriz independiente para cada área regulatoria analizada.
Fase III: Análisis y evaluación de resultados
En esta fase se realizó un análisis cualitativo de la información recopilada, evaluando los
niveles de efectividad y las brechas regulatorias en función de las tres facultades regulatorias del
enfoque WASHREG. Este análisis se aplicó a cada una de las áreas regulatorias definidas,
incluyendo la calidad del servicio, la protección al consumidor, el establecimiento de tarifas, los
criterios ambientales y la salud pública. Los resultados obtenidos permitieron validar y
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complementar el análisis preliminar desarrollado en la fase I, así como identificar oportunidades
de mejora en el marco regulatorio del sector, proponiendo lineamientos orientados al
fortalecimiento de la gestión y gobernanza del agua en el Ecuador.
3. RESULTADOS
3.1. Identificación de contextos regulatorios
3.1.1 Análisis de escenarios para la implementación WASHREG
El primer paso del enfoque WASHREG es identificar en cuál de los siguientes 4 escenarios
se encuentra el sector de agua y saneamiento:
a) Escenario 1.- Sin organismo regulador, sin función reguladora
La ausencia del organismo regulador y las acciones reguladoras, se prestan para que las
funciones regulatorias se realicen de manera voluntaria y sin control en la rendición de cuentas,
por lo tanto, el enfoque WASHREG podría usarse para diagnosticar la formalización de las
funciones regulatorias y ruta para la creación de un nuevo organismo regulador [12].
b) Escenario 2.- Existe el organismo regulador y está dispuesto a mejorar
El desempeño del órgano regulador de manera consistente resulta una tarea delicada, ya que
este organismo debe ser imparcial para cumplir con los requisitos de autonomía institucional y
política y poseer una sólida capacidad financiera y humana. En algunos casos resulta que las
instituciones reguladoras con un mandato deficiente no cumplen en la práctica las tareas de
regulación han llevado a importantes lagunas en los mandatos dando lugar a que los servicios
para un grupo de población queden fuera de las regulaciones como por ejemplo el suministro de
agua y saneamiento in situ en el ámbito rural y de pequeñas comunidades. Entonces, el enfoque
WASHREG puede ayudar a los gobiernos a fortalecer a los organismos reguladores existentes,
mediante el diagnóstico de las limitaciones relacionadas con la capacidad, las operaciones y las
instituciones en el desempeño de las compensaciones adecuadas
[12].
c) Escenario 3.- Entidades existentes que realizan funciones sin un mandado claro
Es necesario que las instituciones reguladoras estén bien definidas para que no haya conflicto
de mandato, sin una clara separación de estas instituciones resulta que las brechas en el
desempeño se reflejan a menudo en un rendimiento deficiente de los servicios de agua y
saneamiento, y en bajos niveles de satisfacción de los consumidores. Además, para que no haya
dudas en los agentes reguladores sobre la rendición de cuentas, el enfoque WASHREG podría
ayudar al gobierno a armonizar y optimizar sus funciones reguladoras en una misma sede
institucional [12].
d) Escenario 4.- Fragmentación del sector
Las funciones reguladoras se llevan a cabo sin mucha coordinación entre los distintos
subsectores o zonas geográficas lo cual da lugar a que las zonas rurales queden abandonadas o
que algunas zonas del país sean excluidas de las regulaciones de los servicios de agua y
saneamiento. Por lo tanto, el enfoque WASHREG podría aplicarse en diferentes niveles de
gobernanza o subsectores que permitan identificar un enfoque más coordinado permitiendo una
regulación de servicio de agua y saneamiento en su totalidad. Además, el enfoque WASHREG
puede ayudar a reforzar la coordinación nacional en materia de regulación, independientemente
de cuál sea el número de instituciones que desempeñan mandatos regulatorios o del número de
subsectores reguladores distintos que existan [12].
Con estas definiciones, se determina que Ecuador se encuentra en el escenario 2, ya que existe
un organismo regulador que es la Agencia de Regulación y Control del Agua ARCA, dispuesto a
mejorar, ya que se encuentra alineado a los compromisos de la Agenda 2030 y los Objetivos de
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Desarrollo Sostenible. La ARCA tiene un rol clave en garantizar el acceso equitativo y sostenible
al agua potable enmarcado en el ODS 6. Sin embargo, en las regulaciones emitidas por la ARCA
en el contexto del agua potable y saneamiento se pueden encontrar algunas lagunas en los
mandatos, como por ejemplo el suministro de agua y saneamiento en el ámbito rural, debido a
que Ecuador no cuenta con regulaciones específicas para el área rural. En este sentido el enfoque
WASHREG puede ser una buena herramienta para fortalecer a los organismos reguladores
existentes mediante el diagnóstico de limitaciones y brechas.
3.1.2 Contexto regulatorio del país
En 2008, la Constitución de la República del Ecuador (CRE) en el artículo 318 estableció que
el Estado, a través de la Autoridad Única del Agua (AUA), será el responsable directo de la
planificación y gestión de los recursos hídricos que se destinan a consumo humano [13]. Además,
mediante Decreto 1088, se crea la SENAGUA como la entidad responsable directa de la
planificación y gestión de los recursos hídricos [14].
En Ecuador la CRE en su artículo 12 establece que: el derecho humano al agua es fundamental
e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable,
imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. Además, en el artículo 52 señala que: las
personas tiene derecho a disponer de bienes y servicio de óptima calidad y a elegirlos con libertad,
así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características [13].
En 2014, la Ley Orgánica de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamientos del Agua
(LORHUyA), en el artículo 21 establece que la Agencia de Regulación y Control del Agua
(ARCA), ejercerá la regulación y control de: iii) calidad de los servicios públicos relacionados al
sector agua. La LORHUyA en sus artículos 37 y 38 establece que se considerarán servicios
públicos básicos relacionados al agua: i) servicio de agua potable y saneamiento [15].
Mediante Decreto Ejecutivo 310, en el año 2014, se crea la Agencia de Regulación y Control
del Agua (ARCA) como un organismo de derecho público, de carácter técnico-administrativo,
adscrito a la SENAGUA, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, con
patrimonio propio y jurisdicción nacional en Ecuador [16]. Algunas de las competencias que tiene
esta entidad son:
• Dictar, establecer y controlar el cumplimiento de las normas técnicas sectoriales y
parámetro para regular el nivel técnico de la gestión del agua, de conformidad con las
políticas nacionales.
• Recopilar, procesar, administrar y gestionar la información hídrica de carácter técnico y
administrativo.
• Regular para estandarizar y optimizar sistemas relacionados a los servicios públicos
vinculados al agua.
• Regular y controlar la aplicación de criterios técnicos y actuariales para la fijación de las
tarifas para los usos y aprovechamiento productivo del agua por parte de la AUA y para
la prestación de servicios vinculados al agua.
• Controlar y sancionar el incumplimiento de las regulaciones nacionales, de acuerdo con
procesos técnicos diseñados para el efecto e informar a las autoridades competentes de
incumplimiento de la normativa.
• Medidas de control de las actividades que alteren la calidad y cantidad del agua.
• Establecer el criterio técnico para la fijación de tarifas de servicio de riego.
• Establecer el criterio técnico para la reducción de perdida de agua potable.
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• Determinar los lineamientos para el control y uso eficiente del agua.
• Evaluación y diagnóstico de los prestadores de servicios público de agua y saneamiento.
En el año 2020, mediante Decreto Ejecutivo Nº 1007, se determina la fusión de la SENAGUA
y Ministerio de Ambiente, quedando la competencia de la SENAGUA bajo el viceministerio de
agua dentro del Ministerio del Ambiente y Agua [17].
Mediante Decreto Nº 94, se determina la fusión por absorción entre el Ministerio del
Ambiente, Agua y Transición Ecológica y el Ministerio de Energía y Minas, dando como
resultado el Ministerio de Ambiente y Energía, en el cual todas las atribuciones, funciones y
representaciones del MAATE son asumidas por el nuevo ministerio. Entonces la competencia se
queda en el área de viceministerio del Agua [18].
3.1.3 Análisis preliminar de responsabilidades regulatorias y su efectividad
Desde el año 2016, ARCA ha establecido 13 regulaciones, de las cuales 6 son en el ámbito
del servicio de agua y saneamiento, 2 en el ámbito del servicio de riego y 5 en el ámbito de la
gestión de los recursos hídricos. En la Tabla 3, se presentas las regulaciones identificadas del
sector agua y saneamiento por área regulatoria:
Tabla 3. Regulaciones del sector agua potable y saneamiento por áreas regulatorias.
Áreas regulatorias Regulaciones emitidas por ARCA
Regulación de la calidad del servicio
REG-003-2016 [19]
Protección al consumidor
REG-007-2017 [20]
Establecimiento de tarifas
REG-006-2017 [21]
Competencia
Para el caso de Ecuador no aplica el área
regulatoria ¨Competencia¨, ya que en
Ecuador la prestación del servicio de agua
potable y saneamiento es público o
comunitario
Medio ambiente
REG-014-2025 [22]
Salud pública
REG-012-2022 [23]
Nota. La regulación REG-014-2025 [22] corresponde a la normativa más reciente emitida por la
Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA) al momento del análisis. Se verifica su
vigencia para el año 2026; en caso de encontrarse en proceso de implementación o actualización,
su análisis se considera de carácter referencial dentro del presente estudio.
Las regulaciones que ARCA emite para el sector de agua y saneamiento deben ser
implementadas por los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales GADM que tienen
la competencia exclusiva en la prestación del servicio de agua y saneamiento (Art 264 del
COOTAD) [24]. Cabe indicar que los GADMs pueden ejercer esta competencia de manera directa
(con un Departamento o Unidad dentro del GADM, o a través de una empresa pública), adicional
en Ecuador tenemos prestadores comunitarios como las Juntas de Agua que brindan el servicio
de agua y saneamiento en áreas rurales. Por ello, ARCA en algunas regulaciones realiza
diferenciación de reglas para prestadores públicos (GADM y empresas públicas) y prestadores
comunitarios. Adicionalmente, ARCA realiza un plan de visitas a los prestadores para el control
de la aplicación de las regulaciones emitidas. Para el análisis de las distintas responsabilidades
regulatorias y la efectividad percibida, se ha realizado la siguiente matriz (Tabla 4) con base en
el análisis de información secundaria disponible, que luego será validadas y complementadas con
los resultados de las entrevistas realizadas a expertos en el tema.
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3.2 Levantamiento de información
Los resultados del levantamiento de información, a través de entrevistas a expertos, validaron y
profundizaron las brechas identificadas en el análisis documental. En el área de calidad del
servicio, los entrevistados coincidieron en que, si bien existen normas claras, el monitoreo es débil
y desigual, particularmente en zonas rurales, y la difusión de resultados es casi nula. En protección
al consumidor, se identificó como principal brecha la baja socialización de los mecanismos de
reclamo y la limitada aplicación de sanciones. Para el establecimiento de tarifas, persiste una
escasa participación de los usuarios en su definición. Finalmente, en las áreas de medio ambiente
y salud pública, los expertos señalaron una falta crítica de articulación interinstitucional y de
vigilancia sanitaria, lo que deriva en un cumplimiento parcial de las regulaciones existentes.
3.3 Validación de las brechas identificadas en el contexto regulatorio del país
Para validar las brechas previamente identificadas en el marco normativo, se analizaron de
manera conjunta las cinco entrevistas estructuradas aplicadas a los expertos. A partir de este
análisis se elaboró una síntesis de los principales hallazgos por cada área regulatoria,
distinguiendo fortalezas percibidas, debilidades recurrentes y oportunidades de mejora. Estos
resultados se presentan de forma resumida en la Tabla 5.
La Tabla 5 muestra que las brechas identificadas no responden solo a percepciones
individuales de los entrevistados, sino que reproducen patrones ya documentados en la evidencia
nacional: persistencia de desigualdades territoriales en cobertura y calidad del servicio [1], [2],
dificultades de gestión y participación social en contextos rurales y semirrurales [6], y elevados
costos sanitarios y económicos asociados a servicios inadecuados de agua y saneamiento [7], [9].
Varios de los indicadores reportados por los prestadores se sitúan en rangos similares a los
observados en los ejercicios de benchmarking y evaluación sectorial realizados por la ARCA [10],
[12], respaldando la validez de las brechas regulatorias identificadas mediante el enfoque
WASHREG.
De acuerdo con las entrevistas realizadas en lo que respecta a la calidad del servicio, los
entrevistados coinciden en que existen normas claras como la [19], reformada “Normativa técnica
para la evaluación y diagnóstico de la prestación de los servicios públicos de agua potable y/o
saneamiento en las áreas urbanas y rurales en el territorio ecuatoriano”, que define estándares
técnicos para la prestación del servicio y se complementa con la regulación [25] “Norma técnica
para el control de la gestión del uso eficiente del agua de consumo humano”. Sin embargo, se
consideran que el monitoreo aún es débil y no se realiza con regularidad, principalmente en zonas
rurales [11]. Adicional, los entrevistados concuerdan en que la aplicación de la norma es buena y
que la implementación se ha realizado, pero existen ciertos puntos donde se debe poner mayor
énfasis, como: i) la difusión de información sobre la calidad de servicio hacia los consumidores,
ya que las buenas prácticas e informes de desempeño no se ven publicadas periódicamente, y; ii)
la fiabilidad de los datos reportados por los operadores del servicio. Sin embargo, esta área solo
necesitaría un mayor control en la divulgación de la información.
En referencia a la protección del consumidor no existe una regulación en específico que
abarque esta área, pero se sustenta en cierto modo con la “Normativa para el establecimiento de
contratos en la prestación de los servicios públicos de agua potable y/o saneamiento” [20], que
define las condiciones y procedimientos para formalizar la prestación de servicios públicos de
agua potable y saneamiento mediante contratos entre prestadores y consumidores. Esta norma
incluye cláusulas sobre la calidad del servicio, tarifas, derechos del consumidor y mecanismos de
reclamo; además, se exige que los contratos sean claros, accesibles y estén alineados con la Ley
Orgánica de Defensa del Consumidor. Estos aspectos se complementan con la Ley Orgánica de
Defensa del Consumidor, que en el artículo 1 y 2
menciona que reconoce al consumidor como
sujeto de derecho frente a proveedores de bienes y servicios. Así, los entrevistados consideran
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que el sistema de atención para reclamos es limitado y esto podría implicar que no se estén
garantizando los derechos de los consumidores de una forma plena.
Tabla 5. Síntesis de resultados de las entrevistas estructuradas por área regulatoria.
Área regulatoria Fortalezas percibidas
Principales brechas y oportunidades de
mejora
Calidad del
servicio
Existencia de normas
técnicas claras para la
prestación del servicio y
para la evaluación de los
prestadores.
Monitoreo poco frecuente y desigual; uso
limitado de los resultados para corregir la
gestión; necesidad de evaluaciones más
seguidas y controles permanentes.
Protección al
consumidor
Definición básica de
derechos y deberes;
presencia de
procedimientos formales
de reclamos.
Baja socialización de los mecanismos de
reclamo; tiempos prolongados de
respuesta; aplicación limitada de
sanciones; necesidad de campañas de
información a la población.
Establecimiento
de tarifas
Procedimientos regulados
para la aprobación y ajuste
de estructuras tarifarias.
Escasa participación de usuarios en la
discusión tarifaria; falta de claridad sobre
criterios de cálculo y sobre la situación
económica de los prestadores; necesidad
de mesas de trabajo con usuarios.
Criterios
medioambientales
Normativa específica para
extracción de agua,
vertidos y gestión de
lodos; coordinación con
autoridades ambientales.
Inspecciones ambientales insuficientes;
registros incompletos de vertidos;
debilidades en la aplicación de sanciones;
demanda de estudios periódicos sobre
impactos y vertidos.
Calidad del agua
potable vinculada
a salud pública
Parámetros de calidad del
agua definidos;
obligaciones de vigilancia
sanitaria para prestadores y
autoridades de salud.
Sistemas de alerta temprana incipientes;
difusión limitada y poco accesible de
resultados de calidad del agua; necesidad
de monitoreos y publicaciones continuas
para la ciudadanía.
En cuanto al establecimiento de tarifas, se cuenta con la regulación “Normativa técnica para
el establecimiento de criterios técnicos y actuariales para la determinación de costos sostenibles
en la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento, para la fijación de tarifas por los
prestadores públicos de estos servicios” [21] y la implementación de esta se ha realizado en su
totalidad. Según los entrevistados, persisten ciertas debilidades las cuales se deben reforzar, tales
como: i) la inclusión de los consumidores en la fijación de tarifas, ii) la existencia de información
económica de los prestadores de servicio hacia el público y iii) que el control de tarifas
establecidas sea de acuerdo con los gastos reales de los operadores. Por lo tanto, esta área se
considera que tiene un buen avance, con posibles mejoras en las evaluaciones a los prestadores
de servicio las cuales se deben realizar con más frecuencia.
Sobre las regulaciones relacionadas al medio ambiente, existe la regulación “Criterios
técnicos para el uso de los lodos generados en las plantas de tratamiento del agua para efectos de
control” [22], estableciendo el marco técnico-ambiental para la gestión de lodos generados en
plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR), priorizando el manejo, tratamiento,
aprovechamiento y disposición final. A pesar de existir esta regulación, los entrevistados
coinciden en la inexistencia de procesos de socialización y capacitación para los prestadores de
servicio, por lo que hay desconocimiento de las regulaciones emitidas, además se encuentran
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vacíos de información. Los entrevistados recalcan que: i) en los marcos regulatorios no están
claros los mecanismos de seguimiento y control dentro de la gestión de aguas residuales, lodos
fecales y efluentes en la cadena de saneamiento, ii) el ARCA, los GADs y otras entidades no
tienen buena articulación para la aplicación efectiva de las regulaciones, ii) los resultados de
monitoreos no son publicados por lo que la población no tiene acceso. Dentro de este parámetro
sugieren la reformulación de los ejes logísticos de comunicación por parte del ente regulador,
además, que exista mayor control y supervisión del manejo adecuado de los servicios de
saneamiento, debido a que se evidencia un total abandono en la gestión de las PTAR, conllevando
a diversos problemas, entre ellos las descargas de aguas residuales, sin un tratamiento adecuado,
en fuentes hídricas cercanas.
Finalmente, para el área regulatoria salud pública, se tiene la regulación "Norma técnica para
el control a la calidad del agua de consumo humano” [23] donde se establece los criterios técnicos
para realizar el control de la calidad del agua destinada para el consumo humano. Además, existe
la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1108 en la que se determinan los requisitos que debe cumplir
el agua potable para que se pueda destinar al consumo humano. Los entrevistados concluyen que
los aspectos más críticos de la regulación que se deben abarcar son: i) información clara sobre los
riesgos en la calidad de agua, ii) sanciones por parte del órgano regulador, iii) reparación de daños
a la población e inspecciones periódicas para supervisar la seguridad del agua potable, iv)
incorporar especificaciones técnicas para el diseño, construcción y mantenimiento de los sistemas
de saneamiento.
En conclusión, según los entrevistados hay diferentes tipos de enfoque mismos que van desde
la participación activa y efectiva de la ciudadanía, reforzar el marco regulatorio en el que
claramente se establezcan los mecanismos de control y seguimiento, monitoreos y publicación
permanente de los resultados y capacitación a los prestadores de servicio. Sin embargo, en lo que
coincidieron los entrevistados es que no existe el control suficiente para que se cumpla con los
reglamentos emitidos por la ARCA, además la articulación entre las instituciones es deficiente y
existe muy poca comunicación. También expresaron que las sanciones a los prestadores de
servicios deberían ser más estrictas para que tomen conciencia ya que el servicio de agua potable
para consumo humano es vital importancia para la sociedad.
3.4 Cuellos de botella en la regulación
En síntesis, los cuellos de botella principales son: deficiente capacidad de monitoreo, limitado
control y aplicación de sanciones a los prestadores de servicio, lo que genera que el cumplimiento
de las regulaciones sea parcial o deficiente. A continuación, en la Tabla 6 se muestra los cuellos
de botella por área regulatoria.
Tabla 6. Cuello de botella por áreas.
Áreas regulatorias
Cuello de botella
Calidad del servicio
Deficiente de monitoreo y poca difusión de información
sobre la calidad de servicio hacia los consumidores.
Protección al consumidor
Baja inclusión del consumidor en los procesos regulatorios.
Establecimiento de tarifas
Debilidad en el control de aplicación de tarifas.
Criterios medioambientales
Falta de articulación interinstitucional y de transparencia
ambiental.
Salud pública
Baja vigilancia sanitaria y mecanismos de prevención poco
operativos.
Nota. Los cuellos de botella identificados corresponden a limitaciones en la gestión regulatoria del sector de agua
potable y saneamiento, que afectan la eficiencia, transparencia y calidad en la prestación de los servicios.
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En el ámbito rural, donde predominan los prestadores comunitarios como las Juntas de Agua,
las limitaciones en el monitoreo responden principalmente a la falta de capacidad técnica, recursos
financieros y acompañamiento institucional. En este sentido, se propone que la ARCA
implemente un modelo de regulación descentralizada, basada en:
i. Esquemas de monitoreo comunitario.
ii. Capacitación técnica continua, y
iii. La creación de unidades territoriales de control.
Con este enfoque se permitirá mejorar la aplicación de las regulaciones, considerando las
particularidades organizativas y económicas de los sistemas comunitarios.
3.5 Propuesta de mejora
Algunas de las propuestas expuestas por los entrevistados se presentan en la Tabla 7 en la que
se realiza un resumen para cada una de las áreas regulatorias.
Tabla 7. Resumen de propuestas de mejora.
Áreas regulatorias
Propuestas de mejora
En calidad del
servicio
- Reforzar mecanismos de control de la aplicación de las
regulaciones.
- Evaluación del servicio en la que se incluyan la percepción de los
consumidores.
- Evaluaciones constantes por parte del organismo de control.
- Capacitación a los GADM y definir estándares.
En establecimiento
de tarifas
- Reforzar el marco regulatorio para que queden claros los
mecanismos de seguimiento y control.
- Sensibilización a la población sobre los objetivos de las tarifas,
aplicación y beneficios para el servicio.
En protección del
consumidor
- Elaborar una regulación específica para garantizar los derechos del
consumidor y evaluar con indicadores los sistemas de atención para
reclamos.
En criterios
medioambientales
- Reforzar el marco regulatorio para que queden claro los
mecanismos de seguimiento y control en la gestión de aguas
residuales, lodos fecales y efluentes dentro de la cadena de
saneamiento.
- Mejorar las capacidades de los operadores y técnicos en el manejo
adecuado de la PTAR.
- Incorporar comités con participación ciudadana, GAD y el estado
sobre los beneficios de mecanismos financieros para la protección de
las fuentes hídricas.
En calidad del agua
potable relacionada
a la salud pública
- Monitoreos periódicos e información a la población.
- Controles permanentes.
- Resultados de monitoreos publicados constantemente para que la
población tenga acceso a la información.
Nota. Las propuestas de mejora se orientan a fortalecer la eficiencia, transparencia y
sostenibilidad de la regulación en el sector de agua potable y saneamiento, considerando aspectos
técnicos, institucionales y de participación ciudadana.
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4. DISCUSIÓN
Al aplicar el enfoque WASHREG al caso ecuatoriano se confirma la coexistencia de un marco
jurídico relativamente robusto y brechas persistentes en su implementación. Estudios recientes
sobre el derecho humano al agua en el país señalan la misma tensión entre avances normativos y
dificultades para traducirlos en garantías efectivas para toda la población, especialmente en
contextos vulnerables [26]. De este modo, los resultados del estudio refuerzan la idea de que la
problemática es menos normativa y más de gobernanza regulatoria. Este resultado es consistente
con los análisis nacionales de cobertura y continuidad del servicio, que muestran avances en
acceso, pero rezagos en control de agua no contabilizada y en confiabilidad de los datos
reportados por los prestadores [27].
En lo que respecta a la calidad del servicio, [19] establece un buen marco técnico; sin
embargo, la capacidad para monitoreos es insuficiente. Además, la difusión de los informes es
casi nula y existe poca confianza en los datos reportados. Este contexto empeora en el caso de la
protección al consumidor, donde los mecanismos de queja y participación ciudadana siguen
siendo limitados, ya que no existe una regulación específica, sólo se cuenta con la Ley de Defensa
del Consumidor y la [20] sobre los contratos que deben suscribir los operadores con los usuarios
por lo que no se estaría garantizando efectivamente los derechos de los usuarios, sobre todo en
áreas rurales. También, existen estudios sobre el derecho humano al agua en Ecuador que apuntan
a la misma brecha entre reconocimiento normativo y posibilidades reales de reclamo y
participación informada, especialmente en comunidades rurales y periurbanas [27].
Los criterios técnicos para establecer tarifas han avanzado, como se puede evidenciar en el
[21]; sin embargo, se sigue percibiendo la limitada participación por parte de los usuarios. En los
sectores de medio ambiente y salud pública, los avances en la normativa [22] y [23] son
importantes, pero su aplicación es limitada, debido a la falta de socialización, así como una falta
de control adecuado a los procesos de saneamiento. Investigaciones con enfoque hidro social
documentan que estas debilidades en tratamiento de aguas residuales y manejo de lodos se
relacionan con riesgos sanitarios persistentes y con conflictos por el uso del agua en territorios
andinos [28].
Estas limitaciones se pueden ver reflejadas en indicadores como: cobertura de agua potable
del 77,60 % y cobertura de saneamiento del 58,06 %, calidad de agua 96,89 %, continuidad de
agua potable 91,21 %, costo unitario del metro cúbico de agua potable $1,28, agua no
contabilizada 44,85 % y eficiencia para solucionar quejas y reclamos 91,36 % [16]. Al
compararlos con los valores reportados en ejercicios de seguimiento al ODS 6 y en estudios
recientes sobre gestión del agua en el país, se observa que los patrones de desigualdad y de débil
fiscalización identificados en este trabajo son coherentes con la evidencia empírica disponible
[28]. Estos hallazgos muestran la demanda urgente de una mejora integral de la gobernanza con
un enfoque combinado en monitoreo y control, y no tan solo la emisión de normativas y
regulaciones.
Los hallazgos son consistentes con experiencias en países de la región como Colombia [29]
y Perú [30], donde la aplicación de los enfoques similares al WASHREG ha evidenciado que las
principales limitaciones no radican en la ausencia de normativa, sino en la capacidad de
implementación, monitoreo y control por parte de las instituciones regulatorias. En dichas
situaciones, la descentralización de la gestión y el fortalecimiento de capacidades locales han sido
estrategias clave para mejorar la efectividad del sistema regulatorio, particularmente en zonas
rurales.
En relación con la baja participación ciudadana, se propone la implementación de mecanismos
técnicos como: plataformas digitales de reporte ciudadano sobre las fallas en el servicio, sistemas
de indicadores de satisfacción del usuario; así como la creación de veedurías ciudadanas locales
que participen en los procesos de monitoreo y evaluación del servicio. Con estas herramientas se
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permitirá fortalecer la transparencia, mejorar la rendición de cuentas y generar información
complementaria para la toma de decisiones regulatorias.
En este sentido, el principal problema identificado no radica en la ausencia de normativa, sino
en una debilidad estructural en la gobernanza regulatoria, caracterizada por limitaciones en la
coordinación institucional, la capacidad de monitoreo y la aplicación efectiva de las sanciones.
Con estos hallazgos se refuerza la necesidad de transitar desde un enfoque centrado en la
generación de normativa hacia un modelo orientado a la implementación efectiva, con énfasis en
mecanismos de control, participación ciudadana y fortalecimiento institucional.
5. CONCLUSIONES
El análisis realizado en la investigación evidencia que el principal desafío del sector de agua
potable y saneamiento en el Ecuador no radica en la ausencia de normativa, sino en las
limitaciones de la gobernanza regulatoria, particularmente en las funciones de monitoreo, control
y aplicación de sanciones. Por ende, el enfoque WASHREG se consolida como una herramienta
útil no solo para el diagnóstico de brechas, sino también para estructurar procesos de
fortalecimiento institucional orientados a la mejora de la efectividad regulatoria.
El país dispone de regulaciones específicas en calidad del servicio [19], protección al
consumidor [20], establecimiento de tarifas [21], medio ambiente [22] y salud pública [23]. No
obstante, su efectividad se ve limitada por capacidades insuficientes de monitoreo, control y
sanción, especialmente en prestadores rurales y comunitarios.
La triangulación entre análisis documental y entrevistas mostró patrones recurrentes de débil
protección al consumidor, limitada transparencia de la información y participación ciudadana, así
como vacíos en la incorporación de indicadores de salud y ambiente en la evaluación del
desempeño de los prestadores.
El estudio aporta al campo de la regulación del agua en Ecuador al ofrecer una lectura
integrada de marco normativo, desempeño e institucionalidad, que permite priorizar líneas de
fortalecimiento de la gobernanza regulatoria y sirve como referencia para futuras aplicaciones de
WASHREG en otros contextos de la región andina.
La aplicación del enfoque WASHREG en el Ecuador requiere una adaptación contextual que
considere la diversidad territorial, la heterogeneidad de los modelos de gestión y las limitaciones
institucionales existentes; su incorporación como herramienta sistemática dentro del proceso de
regulación permitiría transitar desde un enfoque normativo hacia un modelo de gobernanza
basado en resultados, fortaleciendo así la sostenibilidad, equidad y eficiencia en la prestación de
los servicios de agua potable y saneamiento.
En función a los hallazgos, se plantea las siguientes recomendaciones operativas, para la
Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA) la implementación de un sistema de
monitoreo descentralizado con unidades territoriales de control, priorizando zonas rurales,
fortalecimiento de los mecanismos de control y sanción mediante procesos ágiles y efectivos.
Para los GADM y prestadores comunitarios, se sugiere mejorar la gestión técnica y operativa
mediante los programas de capacitación, e implementar sistemas de reporte de información
estandarizados.
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Copyright (2026) © Sara Barbosa Santacruz, Elizabeth Vargas Zuñiga y Jesús Chavarría Párraga.
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