InGenio Journal
Revista de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo
https://revistas.uteq.edu.ec/index.php/ingenio
e-ISSN: 2697-3642 - CC BY-NC-SA 4.0
InGenio Journal
Revista de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo
https://revistas.uteq.edu.ec/index.php/ingenio
e-ISSN: 2697-3642 CC BY-NC-SA 4.0
Volumen 9 | Número 2 | Pp. X–X | Julio 2026 Recibido (Received): 2022/mm/dd
DOI: https://doi.org/ Aceptado (Accepted): 2022/mm/dd
Brechas regulatorias en agua y saneamiento en
Ecuador: aplicación de la metodología WASHREG
(Regulatory Gaps in Water and Sanitation in Ecuador: Application of the
WASHREG Methodology)
Sara Brigitte Barbosa Santacruz
, Elizabeth Lucrecia Vargas Zuñiga
, Jesús Enrique
Chavarría Párraga
Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Portoviejo, Ecuador.
sbbarbosa@pucesm.edu.ec, elvargas@pucesm.edu.ec, jechavarria@pucesm.edu.ec
Resumen: El acceso al agua potable y al saneamiento en el Ecuador presenta limitaciones en
términos de calidad, cobertura y efectividad regulatoria, evidenciando que el 29,9 % de la
población no accede a agua segura y el 14,1 % carece de saneamiento básico. Por ende, el
presente estudio tiene como objetivo analizar las brechas en la regulación del sector a través
de la aplicación del enfoque WASHREG. La investigación se desarrolló bajo un enfoque
cualitativo descriptivo y analítico, mediante la revisión de la normativa vigente, informes
institucionales y literatura especializada complementada con entrevistas semiestructuradas a
cinco expertos del sector académico, técnico e institucional. Los resultados evidencian que,
aunque el país cuente con un marco normativo amplio y con un organismo regulador
consolidado, persisten las brechas en la implementación en las fases de monitoreo, control y
aplicación de sanciones. Se identificaron debilidades en áreas como protección al consumidor
y salud pública, con mayor impacto en zonas rurales. Se concluye que el principal problema
radica en la gobernanza regulatoria más que en la ausencia de normativa, por ello, se
recomienda fortalecer los mecanismos de supervisión, mejorar la gestión de información y
promover los ajustes regulatorios a la eficiencia y sostenibilidad del servicio.
Palabras clave: Gobernanza regulatoria, monitoreo y control, normativa del Ecuador,
calidad del servicio
Abstract: Access to safe drinking water and sanitation in Ecuador is limited in terms of
quality, coverage, and regulatory effectiveness, as evidenced by the fact that 29,9% of the
population lacks access to safe water and 14,1% lacks basic sanitation. Therefore, this study
aims to analyze gaps in the sector’s regulation through the application of the WASHREG
approach. The research was conducted using a qualitative, descriptive, and analytical
approach, involving a review of current regulations, institutional reports, and specialized
literature, supplemented by semi-structured interviews with five experts from the academic,
technical, and institutional sectors. The results show that, although the country has a
comprehensive regulatory framework and a well-established regulatory body, gaps persist in
implementation during the monitoring, control, and enforcement phases. Deficiencies were
identified in areas such as consumer protection and public health, with the greatest impact
felt in rural areas. The report concludes that the main problem lies in regulatory governance
rather than in the absence of regulations; therefore, it recommends strengthening oversight
mechanisms, improving information management, and promoting regulatory adjustments to
enhance the efficiency and sustainability of the service.
Keywords: Regulatory governance, monitoring and control, regulations of Ecuador, service
quality.
1. INTRODUCCIÓN
El agua es un recurso natural no renovable, indispensable para la vida, que se ve amenazado
por la constante contaminación y mal uso, reflejándose en los consumos inadecuados del líquido
Brechas regulatorias en agua y saneamiento en
Ecuador: aplicación de la metodología WASHREG
(Regulatory Gaps in Water and Sanitation in Ecuador: Application of the
WASHREG Methodology)
Sara Brigitte Barbosa Santacruz
, Elizabeth Lucrecia Vargas Zuñiga
, Jesús Enrique Chavarría
Párraga
Volumen 9 | Número 2 | Pp. 46–66 | Julio 2026
DOI: https://doi.org/10.18779/ingenio.v9i2.1226
Recibido (Received): 2026/02/09
Aceptado (Accepted): 2026/04/27
InGenio Journal, 9(2), 46–66 47
InGenio Journal, 9(2), X–X
| 2
vital por parte de los seres humanos, haciendo que se vuelva cada vez más escaso. En el Ecuador
el 70,1 % de la población dispone de agua segura y el 85,9 % cuenta con servicios de saneamiento
básico. No obstante, es necesario diferenciar entre el acceso físico y el acceso seguro:
aproximadamente el 8,0 % de la población no cuenta con infraestructura de acceso al agua,
mientras que cerca del 29,9 % no accede a este recurso en condiciones adecuadas de calidad,
continuidad y potabilidad; esta situación evidencia que la problemática no se limita a la cobertura,
sino que involucra la calidad del servicio [1].
Se estima que aproximadamente 2.200 millones de habitantes carecen de acceso a agua
potable segura; en tal sentido, 3 de cada 10 personas no tienen acceso al agua, mientras que 6 de
cada 10 carecen de servicio de saneamiento. Además, la escasez de este recurso afecta a más del
40 % de la población a nivel mundial. Para las proyecciones del año 2040 a nivel mundial se
prevé un aumento de la demanda del agua en más del 50 % [2].
En respuesta a esta problemática, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció
el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 6, que busca expandir y asegurar el acceso a los
servicios de agua y saneamiento a la población de forma segura. Ecuador, a finales del 2015 se
comprometió a integrar los postulados de la ODS en el Plan Nacional de Desarrollo [1].
El ODS número 6 “Agua limpia y saneamiento”, consiguió un avance importante en el acceso
al agua potable y saneamiento, pero millones de personas todavía carecen de servicios básicos en
las zonas rurales. Este aspecto fue dado a conocer en la Agenda 2030 de la ONU, debido a que 1
de cada 3 personas no tienen acceso al agua potable de calidad y 2 de cada 5 personas en el mundo
no disponen de instalaciones básicas o suministros para la buena potabilidad del agua [3].
En el ámbito nacional, a través del decreto oficial del 27 de noviembre de 2013, se creó la
Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA), entidad encargada de regular y supervisar
la gestión integral de los recursos hídricos, incluyendo la calidad y cantidad del agua, así como la
prestación de los servicios públicos asociados. Esta institución forma parte del marco de
gobernanza del recurso hídrico en el país, el cual ha experimentado procesos de reorganización
institucional en los últimos años, particularmente con la evaluación del Ministerio del Ambiente,
agua y Transición Ecológica hacia nuevas estructuras administrativas orientadas a una gestión
más integrada del agua y la energía [4].
El saneamiento deficiente y la contaminación del agua son responsables de enfermedades
como el cólera, la disentería, la hepatitis A y la fiebre tifoidea, que se transmiten por medio de la
ingesta de agua contaminada. En este contexto, aumenta el riesgo de contraer enfermedades que
ponen en riesgo la vida de las personas, en especial la de los niños. Además, los constantes
cambios ambientales, el aumento de la población y la contaminación del agua hacen que el
sistema hídrico nacional sea vulnerable [5].
Un estudio realizado por Bravo Coello et al. [6] identificó que en las localidades rurales el 70
% de los sistemas de saneamiento tienden a fallar después de 2 años de haberse construido debido
a la falta de mantenimiento del órgano regulador, lo que conlleva a la disminución de la salud
pública y ambiental resultando un aumento en los costes económicos para subsanar estos
problemas. Este problema de suministro de agua potable y saneamiento en las localidades rurales
se debe abarcar individualmente para reconocer las limitantes existentes. Dichos factores,
sumados a los contextos sociales, geográficos y políticos, conllevan a que la inclusión de enfoques
como WASHREG fracasen cuando se replican en contextos similares. Sin embargo, es necesario
concebir que los sistemas de saneamiento son sistemas complejos que interactúan con una vasta
red de sistemas humanos.
Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), quien se encarga de
promover y hacer cumplir los derechos de los niños, niñas y adolescentes, el acceso, disponibilidad
y calidad del agua segura para beber en los hogares a nivel nacional es de 34,96 %, en el ámbito
InGenio Journal, 9(2), 46–66 48
InGenio Journal, 9(2), X–X
| 3
rural el 36,32 %, mientras que en la región Amazónica es del 28,64 %. Estos datos señalan que la
región amazónica posee mayores problemas de calidad de agua, mientras que en la región de la
Sierra se identifica la poca disponibilidad al servicio de agua potable. Además, un estudio realizado
por Molina-Vera et al. [7], muestra un escenario desalentador con cifras por debajo de la media,
teniendo así que solo el 9 % del total de todos los cantones del país cuenta con cobertura del 80 %.
Las organizaciones comunitarias son clave para la implementación de estrategias establecidas
para la paridad de género en los distintos niveles del sistema nacional estratégico del agua en el
Ecuador. Entonces, la LORHUyA menciona que: “Todas las personas ejercerán el derecho
humano al agua en condiciones de igualdad. Se prohíbe toda discriminación por motivos de etnia,
sexo, edad, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición
económica, orientación sexual, estado civil u otro tipo de condición que pretenda menospreciar
el igual disfrute del derecho al agua” [8]. Por lo tanto, son la única instancia de gestión en la zona
rural, sector con el peor acceso al agua potable en el país; por ende, se requiere un adecuado marco
regulatorio específicamente en lo tributario y laboral porque estas organizaciones tienen lógicas
económicas diferentes.
En 2020 un estudio realizado por Espés-Pizarro [10] mencionó que el acceso al suministro
de agua mejorada de red u otras fuentes mejoradas alcanzó el 91,2 % de la población y el
saneamiento mejorado alcanzó el 96,8 % de los habitantes. Sin embargo, aún existen zonas por
cubrir como las poblaciones indígenas y amazónicas que conforman la de escasos recursos
financieros y humanos, dando a entender que solo el 45,5 % recibe agua en sus domicilios.
Además, solo el 75 % de los ecuatorianos recibe agua segura; es decir, agua sin contaminación
fecal, suficiente y con fuentes mejoradas [9].
Según ARCA [11] en 2023 se presentó el benchmarking de los prestadores públicos de los
servicios de agua potable y saneamiento en Ecuador, donde de los 221 prestadores de servicio 22
se ubican en la categoría A con un nivel eficiente, 60 en la categoría B con un nivel bueno, 101
se encentran en la categoría C con un nivel Aceptable, 30 para la categoría D con un nivel regular
y 9 prestadores de servicio en la categoría E de nivel deficiente. Estas categorías representan el
nivel de servicio agua potable, por lo tanto, el promedio nacional para este nivel es de 77,60%,
mientras que servicio de alcantarillado alcanza los 58,06% [10].
El costo económico relacionado al acceso deficiente al agua potable y saneamiento básico es
equivalente a $2,3 billones de dólares lo que equivale al 2,3% del producto interno bruto (PIB) a
nivel nacional [11]. El mayor impacto de este efecto vienen del área de la salud con un valor de
$1,3 billones que son relacionados con costos en atención médica, tratamiento u hospitalización,
además de gestión de recursos hídricos especialmente en costos de tratamiento y acarreo del agua
[11].
Estas realidades llevan a plantear preguntas sobre el estado de la regulación del sector de agua
potable y saneamiento en Ecuador, si las regulaciones emitidas son herramientas eficientes, o si
es necesario ajustes a las regulaciones y el control. Por ello, este trabajo está centrado en el estudio
de los avances que existen en la regulación del sector de agua y saneamiento, adaptando el
enfoque WASHREG para el contexto del Ecuador.
2. METODOLOGÍA
El enfoque WASHREG desarrollado por el Instituto Internacional del Agua de Estocolmo
(SIWI) [12] se usa para identificar brechas en la regulación nacional y las dificultades que tiene
la prestación de servicios de agua y saneamiento. Este enfoque se concibe como un proceso
participativo que involucra a instituciones gubernamentales, organismos reguladores, actores del
sector y otras partes interesadas, con el objetivo de definir una hoja de ruta orientada al
fortalecimiento de la regulación del sector WASH.
InGenio Journal, 9(2), 46–66 49
InGenio Journal, 9(2), X–X
| 4
La implementación del enfoque WASHREG permite estructurar el análisis en torno a tres
facultades regulatorias fundamentales: i) definición de reglas y aprobación de normas, ii)
monitoreo e información, y iii) aplicación de las normas. Estas facultades se evalúan en función
de su aplicación dentro de áreas regulatorias clave, tales como la calidad del servicio, la protección
al consumidor, el establecimiento de tarifas, la competencia, el medio ambiente y la salud pública,
tal como se presenta en la Tabla 1.
Tabla 1. Definición de las áreas regulatorias de análisis en el enfoque WASHREG [12].
Áreas regulatorias Descripción/Objetivo
Regulación de la calidad
del servicio
Establecer criterios tales como recopilación de datos e
indicadores, establecer indicadores y procedimientos para
brindar un buen servicio, llevar auditorías a los operadores
para que cumplan los servicios para reflejar adecuadamente
las necesidades del consumidor.
Protección al consumidor
Los organismos de regulación establecen políticas de
protección al consumidor, medidas claras que reflejan
información sobre la regulación de precios, facturación,
deudas y suspensión con respecto al suministro y
saneamiento de agua.
Establecimiento de tarifas
El organismo regulador puede establecer o aprobar tarifas
según los criterios y procedimientos claros, además, los
principios de recuperación de costos de inversión e inversión.
El establecer una tarifa implica la participación de las partes
interesadas.
Competencia
1
El mercado público y privado está regulado mayormente por
el gobierno o autoridad competente, el cual garantiza las
condiciones equitativas para todos competidores con criterios
claros y procedimientos adecuados en contexto de las reglas
que se obliga a cumplir.
Medio ambiente
Son regulaciones estándar que se deben cumplir con las
políticas nacionales a través de directrices, pautas y marcos
con el objetivo de proteger el medio ambiente de sustancias
nocivas que perjudiquen el servicio de agua. Implementando
normas, lista de sustancias, límites permisibles para aguas
residuales, industriales o agrícolas.
Salud pública
Establecen los límites o requisitos mínimos que deben
cumplir la calidad del agua en base a valores referenciados
recomendados por la Organización Mundial de la Salud
(OMS).
Nota. Adaptado de [12]. La tabla presenta las principales áreas regulatorias del enfoque
WASHREG, orientadas a la gestión de los servicios de agua y saneamiento.
1
Para el caso de Ecuador no aplica el área regulatoria ¨Competencia¨ ya que en Ecuador la prestación del
servicio de agua potable y saneamiento es público o comunitario.
InGenio Journal, 9(2), 46–66 50
InGenio Journal, 9(2), X–X
| 5
La investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo de carácter analítico, estructurado en
tres fases:
Fase I: Identificación de contextos regulatorios
En esta fase se examinó información secundaria disponible sobre la regulación del sector. Se
revisaron leyes, reglamentos, resoluciones de ARCA y otros organismos relacionados, informes
técnicos y estudios previos sobre la prestación de servicios de agua potable y saneamiento. A
partir del marco WASHREG se organizaron los contenidos en tres facultades regulatorias
(definición de normas, monitoreo e información y aplicación de normas) y cinco áreas de análisis:
calidad del servicio, protección al consumidor, establecimiento de tarifas, criterios
medioambientales y salud pública. Con esta base se elaboró un análisis preliminar de
responsabilidades regulatorias, identificando qué entidad ejerce cada función, qué instrumentos
normativos la respaldan y cuáles eran las principales brechas señaladas en la literatura. Esta
información permitió definir los escenarios iniciales sobre el grado esperado de efectividad de la
regulación.
Fase II: Levantamiento de información
En esta etapa se recopiló información primaria mediante cinco entrevistas estructuradas, una
vez a cada persona, en un periodo de cinco días. Los entrevistados fueron actores del sector
privado con experiencia en la prestación de servicios de agua potable y saneamiento, funcionarios
del sector público (MAATE) y de la academia, así como profesionales que han trabajado
previamente en la ex-SENAGUA. Todos cuentan con experiencia técnica o de gestión en el
sector, lo que permitió obtener una visión informada sobre el funcionamiento del marco
regulatorio (Tabla 2).
Tabla 2. Características de los entrevistados.
Característica Descripción
Número total de entrevistas 5 entrevistas individuales, estructuradas
Número de aplicaciones por
persona
Una aplicación por entrevistado
Periodo de aplicación Ventana de 5 días consecutivos
Sectores representados
Sector privado vinculado a servicios de agua y
saneamiento; Ministerio de Ambiente, Agua y
Transición Ecológica (MAATE); academia
(universidades); profesionales con experiencia previa en
la ex-SENAGUA
Criterio principal de selección
Conocimiento técnico y experiencia laboral directa en
regulación, gestión o supervisión de servicios de agua
potable y saneamiento
Tipo de información obtenida
Percepción sobre nivel de cumplimiento de las
regulaciones, identificación de brechas por facultad y
área regulatoria, y propuestas de mejora
La selección de los participantes se realizó mediante un muestreo intencional, considerando
un total de cinco expertos con experiencia relevante en el ámbito académico, técnico e