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distribución de los recursos hídricos, en la interpretación de lo que sucede con el agua en el Ecuador. Uno de los aspectos considerados aún con debilidad es el referido a la calidad, afectada por actividades y procesos contaminantes que plantean una ausencia de políticas y acciones estatales claras y efectivas como un complejo fenómeno social, económico y ambiental, que constituye uno de los más serios obstáculos para el “buen vivir”. Necesitado de procesos de formación ambiental desde la bioética.

Palabras clave: Agua, contaminación, derechos, bioética, buen vivir.

Abstract

Ecuador is a rich country in hydric resources. The man's interaction with the biosphere provokes problems: Contamination of the ground, air and water; And issues: Hunger and losses of flora and wildlife. These questions belong to ecology and to the bioethics. In Latin America, the recognition of the water like a human fundamental right and like subject of rights within the frame of the rights of the nature at the Ecuadorian nation, the hydric certainty at the territories constitutes an indispensable step for pre-preventive, that you guarantee the cash enjoy and exercise of the rights to a worthy life, health, nutrition, house, culture, sound environment and the permanence of the natural cycles of the water like a good from the originating towns. The analysis of water has multiple analyses in bulk, quality and allocation of resources hydric, in the interpretation so that it happens with the water in the Ecuador. One of the aspects considered still with weakness is the referred to quality, affected for activities and contaminating processes that they present an absence of policies and state- owned obvious and effective actions like a complex social, cost-reducing and environmental phenomenon, that it constitutes one of the more serious obstacles for the good living. Needy of processes of environmental formation from the bioethics.

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también debe considerarse las varias dimensiones del agua: como un bien social, en tanto es indispensable para la garantía de otros derechos; como un bien ambiental, pues su existencia es vital para mantener el equilibrio de los ecosistemas naturales y; como bien cultural, pues se valora de acuerdo a los usos culturales, asociados con el significado, trascendencia y manejo tradicional del agua por parte de las comunidades, pueblos y nacionalidades.

Es por ello, que reconocer el derecho al agua como un derecho humano fundamental, en un contexto integral y no restrictivo, analizando la totalidad de sus dimensiones que garanticen el ejercicio de otros derechos interdependientes como la salud, la alimentación, el saneamiento, la vida digna, la vivienda, la cultura, un ambiente sano, entre otros. Resolver la crisis del agua es uno de los diversos desafíos con los que la humanidad se enfrenta en este tercer milenio. La crisis del agua debe situarse en una perspectiva más amplia de solución de problemas y resolución de conflictos en materia ambiental que hoy acontecen.

En la región de América Latina, el reconocimiento del agua como un derecho humano fundamental y como sujeto de derechos dentro del marco de los derechos de la naturaleza en la nación ecuatoriana, constituye un paso indispensable para precautelar la seguridad hídrica en los territorios, que garantice el efectivo goce y ejercicio de los derechos a una vida digna, salud, alimentación, vivienda, cultura, ambiente sano y la permanencia de los ciclos naturales del agua como un bien desde los pueblos originarios (Asamblea General de N.U, 2010; Moreno 2000).

El análisis de la temática del agua tiene múltiples entradas, considerar la cantidad, la calidad y la distribución de los recursos hídricos, han sido opciones específicas de interpretación de lo que sucede con el agua en el Ecuador. Sin embargo, uno de los aspectos considerados aún con debilidad es el referido a la calidad, afectada por actividades y procesos contaminantes que plantean una ausencia de políticas y acciones estatales claras y efectivas.

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Por consiguiente, ante la preocupación mundial por la protección ambiental, se aprecia cómo ha alcanzado importancia y magnitud en los últimos años y se ha convertido en temática de interés para la mayoría del empresariado y de los ciudadanos, ante las consecuencias negativas generadas por la contaminación industrial al generar daños ambientales y la observancia inadecuada de proteger a la naturaleza. Esta protección se justiprecia que se exterioriza en tres dimensiones: la económica, la social y la ambiental a partir del desarrollo industrial equilibrado para generar recursos, empleos y promover la educación ambiental como bases del bienestar social y calidad de vida, para lograr el mega principio del desarrollo sostenible del Derecho Ambiental.

Desde la Unión Europa, en este análisis de la problemática de la contaminación ambiental, en la nación de España, Jordano Fraga, desde su postura considera… “el Derecho Ambiental se constituye en un símbolo de preservación y promoción del ambiente y la obligatoriedad de que el hombre implemente y desarrolle un modelo desarrollo sostenible, que permita la coexistencia del hombre-naturaleza”... (Fraga, 2009).

También, Jaquenod de Zogon, expresa su criterio al señalar.

“…el hombre contemporáneo se enfrenta como depredados de la naturaleza, sin tomar conciencia que, en más o menos medida, forma parte de ella, esta acogida por ella, y al desnaturalizarla y alterarla, el mismo se desnaturaliza, altera y traiciona su propia esencia…”(Jaquenod De Zsongon, 1991, 2004, 2005).

Se afirma por esta autora citada que es una combinación de técnicas, reglas e instrumentos jurídicos que se orientan a lograr la protección de todos los elementos que integran el ambiente natural y humano, mediante un conjunto de disposiciones jurídicas que, por su naturaleza interdisciplinar, no admiten regímenes divididos y recíprocamente se condicionan e influyen en el ámbito de todas las ramas jurídicas y científicas existentes.

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En el Derecho Ambiental en América Latina, la problemática abordada en el cuerpo del ensayo desde Chile, BRAÑES BALLESTEROS, define al Derecho Ambiental como aquel conjunto de reglas que se ocupan de la protección jurídica de aquellas condiciones que hacen posible la vida, en todas sus formas. Desde la postura de este autor consultado, la norma jurídica lo ha definido como derecho positivo,

… “es el conjunto de normas jurídicas, que regulan las conductas humanas que pueden influir de manera relevante en los procesos de interacción que tiene lugar entre los sistemas de los organismos vivos (bióticos) y sus sistemas de ambiente (abióticos) mediante la generación de efectos, de los que se esperan una modificación significativa de las condiciones de existencia de dichos organismos”... (Ballesteros, 2003).

En Argentina, Lorenzetti considera desde su posición que el Derecho Ambiental es descodificante (Lorenzetti, 2008). Pigretti, recalca desde sus estudios que el Derecho Ambiental es un derecho tuitivo, protectorio, eticista y solidarista con fuertes componentes de justicia social (Santos, 2016; Caraballo, 2012; Antúnez, 2013). En este mismo sentido, otros estudios realizados en el siglo XXI por Caferrata, Bellorio Clabot, Rinaldi sobre la situación actual del Derecho Ambiental en América Latina, en sus conclusiones coinciden

…“las Constituciones, las Leyes marco o generales, conforman el núcleo duro y estable de la institucionalidad ambiental de los países de la región objeto muestral, para reconocer si estas resultan ser productivas con la aparición de la economía y contabilidad ambiental en pos del desarrollo sustentable vinculadas a la práctica de la auditoría ambiental…”

Luego de valoradas estas ideas, el Derecho Ambiental, se aprecia por los autores del ensayo, como esta rama del derecho nace reconociendo realidades y esgrimiendo reclamos revolucionarios. Se reconoció como un requisito para disfrutar de una vida digna, el derecho a

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pasado siglo hasta 2016, por Fernández Rubio-Legrá, Rey Santos (Fernandez , 2000 Y SANTOS, 2013).

Al Derecho Ambiental, se le reconoce estar vinculado a ramas y subramas en relación a la contaminación ambiental, como el Derecho Urbanístico en relación a las agua potable y las residuales, el Derecho Minero por su uso en la extracción de minerales, el Derecho Forestal en cuanto al uso del recurso hídrico, el Derecho Agrario relativo al uso del recurso hídrico, el Derecho Tributario en relación al impuesto ambiental, Derecho Penal en relación con la responsabilidad penal, Derecho Administrativo vinculado a los servicios públicos, al dominio público, al Derecho Mercantil por la actividad mercantil con el uso de este recurso, y el Derecho de Aguas, entre otros.

Dentro de los estudios vinculados al Derecho de Aguas, existen varias causas que se han aliado para que se esté disminuyendo el agua en el planeta, entre estas esta la deforestación, lo cual no ayuda a que se produzcan lluvias, otra causa es la contaminación en lagos, ríos y mares; también el uso irracional de los recursos hídricos lo que conlleva a un desperdicio, las bajas eficiencias con que opera la infraestructura, y una equivocada gestión de parte de los organismos encargados de la administración del este recurso; factores que inciden para que exista una inadecuada disponibilidad de este recurso.

Los factores señalados han originado que el agua vaya siendo escasa tanto en calidad y cantidad, situación que se está reflejando en algunas regiones del país en donde la escasez del agua ya es apremiante y esté provocando conflictos y disputas entre usuarios por su aprovechamiento. Así, desde la década de los 90', desde el pasado siglo, varios países de América Latina y, entre ellos Ecuador, donde las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales, iniciaron procesos de debate,

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2011), los que reflejan la necesidad de proteger este recurso por su importancia para la salud humana en pos del desarrollo sostenible, coinciden en la región de América Latina, el reconocimiento del agua es un derecho humano fundamental y como sujeto de derechos dentro del marco de los derechos de la naturaleza en la nación ecuatoriana, constituye un paso indispensable para precautelar la seguridad hídrica en los territorios, que garantice el efectivo goce y ejercicio de los derechos a una vida digna, salud, alimentación, vivienda, cultura, ambiente sano y la permanencia de los ciclos naturales del agua como un bien desde los pueblos originarios.

Para ello, se valora dentro del cuerpo del ensayo como en la Constitución Ecuatoriana del 2008, se garantiza a la población el acceso seguro y permanente al agua, vivir en un medio ambiental sano y ecológicamente equilibrado, resumido como “buen vivir” o “sumak kausay”. Con el neoconstitucionalismo ecuatoriano, se aprecia como en este proceso se han incorporado en las constituciones reivindicaciones ancestrales de los pueblos originarios y se han creado nuevos derechos hasta ahora desconocidos en el constitucionalismo tradicional. Es concebido como una recomposición de fuerzas del pasado, antes antagónicas o enemigas, y que hoy recurren a los principios constitucionales para superar sus diferencias y fracturas (Zabala, 2010; Melo, 2009; Prieto, 2012 y Bhrunis, 2010).

A partir de la Constitución de 2008, el Estado ecuatoriano reconoce a la población el derecho humano al agua, esta disposición regulada en el artículo 12, dispone “El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida”. Crespo Plaza desde su postura como constitucionalista, expone que las reformas de 1983, introdujeron en la Constitución de 1978, el derecho a vivir en un ambiente sano. Más tarde y luego de la influencia marcada por la Cumbre de Río de 1992, aparecen normas ambientales

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premie o beneficie al usuario que menos utiliza el recurso. En el siglo XXI es necesario un uso racional del agua (Moscoso, 2017).

Otro repaso, desde el Derecho Ambiental, realizada por autores ecuatorianos significan los diversos problemas ambientales que inciden en la calidad no adecuada del agua, como una de las facetas más preocupantes del deterioro ambiental en la crisis del agua, que deja ver sus efectos de manera compleja en distintos ámbitos de la realidad ecosistémica y de la actividad humana. Estos se reflejan en la contaminación ambiental por la extracción de hidrocarburos, por la actividad extrativista vinculada a la minería, por la deforestación, por el uso de plaguicidas en los procesos agrícolas, entre otros (Larrea, 2008; Poles, 2010; Vinueza, 2011 y Morales, 2013).

Demuestran que, como hecho histórico-jurídico, la constitución político jurídica de 2008, es cierto que sintetiza un momento histórico, y que en ella se cristalizan diversos procesos sociales acumulados, y se plasma una determinada forma de entender la vida desde la bioética. De hecho, una Constitución no puede ser simplemente el resultado de un ejercicio de jurisprudencia avanzada; a partir de los criterios analizados de los constitucionalistas ecuatorianos en los cambios realizados, como lo sistematizan Borja y Borja, Verdesoto Salgado, Larrea Horguín, Salgado Pesantes, Bhrunis Lemarie, Grijalva Jiménez, postura a la que nos incorporamos (Borja y Borja, 1979; Verdesoto, 1988; Larrea, 1999; Pesantes, 2003; Bhrunis, 2010 y Jiménez, 2012).

Zaffaroni, reseña que en la Constitución del Ecuador:

…“la Tierra asume la condición de sujeto de derechos, en forma expresa”, añadiendo que “de este modo el constitucionalismo andino dio el gran salto del ambientalismo a la

ecología profunda, es decir, a un verdadero ecologismo constitucional. La invocación de la Pachamama va acompañada de la exigencia de su respecto, que se traduce en la regla

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como el aire. En un mundo esencialmente rural, el agua estaba enormemente desconectada de los circuitos económicos ya que la fuente, el río, el brazo de río, el pozo y la cisterna alimentaban a las poblaciones sin ningún costo o muy bajo, dependiendo de la condición servil o no de la mano de obra.

No hay dudas que, la Constitución ecuatoriana de 2008, constituye un marco favorable en materia de derechos y garantías constitucionales, pues define al agua como un derecho humano con carácter fundamental e irrenunciable, y para hacerlo efectivo reconoce que es necesario el acceso al agua en calidad y cantidad suficientes. El texto constitucional, reconoce al agua como patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable imprescriptible, inembargable y esencial para la vida, lo cual implica que el Estado debe asumir el control y decisión del destino de los bienes hídricos, pensando en las necesidades de las generaciones actuales y futuras, de acuerdo a principios constitucionales de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia. Tal y como lo pondera el Derecho Ambiental, y autores de esta temática como Caferrata, Brañes Ballesteros, Lorenzetti, Bellorio Clabot, De Besa Antunes, Peña Chacón (Aguirre, 2012).

Para garantizar el ejercicio de este derecho como bien público por los ciudadanos ecuatorianos, el Estado tiene la obligación de adoptar políticas públicas y normas dirigidas a la conservación, recuperación y manejo integral del agua, que incluyen adopción de medidas de precaución y restricción de las actividades que puedan destruir o alterar el equilibrio de los ecosistemas y afectar la calidad y cantidad de agua. Donde a consideración de los autores del ensayo esta la problemática que ocurre con los recursos hídricos en la nación de Ecuador, como es el impuesto por vertido y la fórmula estimulación/recompensa a los sujetos de gestión económica.

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condiciones hidroclimatológicas, modifica las condiciones para el aprovechamiento de los recursos naturales y el bienestar de la población.

Por ello, los autores del ensayo ponderan que es necesario revertir esta situación desde acciones formativas, que se inicien desde la educación ambiental a los servidores públicos y a la ciudadanía, y que estas desde sus contenidos formativos tengan un referente bioético, de esta manera se cumpliría el principio deber-derecho para con la Pacha mama, para preservar los recursos acuíferos y mitigar la contaminación ambiental que hoy pervive en la nación ecuatoriana en pos del desarrollo sostenible.

Particularmente, necesitará de la transversalidad de las políticas públicas para el desarrollo sustentable, ello debe ser una prioridad del sector ambiental, derivada del apoyo y coordinación tanto inter como intragubernamental, sigue siendo un paradigma alcanzarlo dentro de las políticas públicas en materia de proteger al medio ambiente con la aplicación del impuesto por vertido y contravenciones administrativas. Ello tiene la pertinencia de obligar a compartir información y experiencias, habilidades técnicas del personal, y sobre todo voluntades políticas de sus directivos, convirtiéndose en el principal instrumento de trabajo de planeación, consulta pública, atención social, y particularmente de presupuestos, a través de contenidos digitales, de consulta popular en la red de redes. Hay que significar que uno de los pilares de las políticas públicas nacionales, y en cada ámbito de competencia la variable ambiental debe incluirse en la toma de decisiones con un enfoque bioético.

La contaminación ambiental del recurso agua. Su dimensión económica, ecológica,

social, cultural y turística en la nación ecuatoriana

Ecuador, con sus 40 áreas naturales protegidas, lo convierten en el primer país mega diverso del planeta, está sujeto a ciertas limitaciones de explotar recursos en las áreas de conservación tanto por mandato constitucional como por los compromisos que ha asumido a

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Ecuador, al ingresar a la llamada Revolución Verde a mediados del siglo pasado, y ser uno de los países con mayores reservas de agua en América del Sur; las aguas ocupan una elevada porción en relación con las tierras en la superficie, presentándose en forma de océanos y mares, hielos polares y glaciares, aguas subterráneas y las aguas terrestres que comprenden ríos, lagunas y lagos. El líquido más abundante del planeta lo constituye el agua, representando el recurso natural de mayor importancia y la base de toda forma de vida. Tiene como característica su ubicuidad, estando presente en cualquier rincón del mundo, incluso integrada en todos los seres vivos, es la única materia que puede estar en un mismo lugar en estado líquido, sólido y gaseoso.

El agua, concebida como el fundamento de la vida y es un factor decisivo en la distribución y movilidad de las especies y entre ellas, la especie humana que tiene inteligencia y en consecuencia la capacidad y responsabilidad de gestionar el medio natural con criterios de sostenibilidad. El agua, es el bien más preciado que existe, por lo que los gobiernos deben usar todos los medios para conservar su pureza y evitar que la contaminación se apodere de este elemento hídrico, sin el cual, la vida no tardaría en desaparecer. Sin embargo, existen problemas con el manejo de este elemento, al no existir un adecuado control público por parte de las autoridades ambientales y no tener una adecuada cultura ambiental que incida en su protección sigue siendo desfavorable.

Vinculada en contexto al desarrollo sostenible, término que aparece a finales del siglo XX, y que, como paradigma del Derecho Ambiental del siglo XXI, junto con las primeras preocupaciones sobre el ambiente y desarrollo, según la primera estrategia mundial de la conservación en 1981, se establece que “para que el desarrollo sea sostenible, debía considerar los factores económicos y sociales, junto a la base de recursos vivos e inanimados ofrecidos por los ecosistemas desde la perspectiva de la bioética”.

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pérdida de manifestaciones culturales de grupos étnicos que ven en este afluente parte de su cosmovisión andina y quienes se han visto afectados al volverse cada día más crítica la contaminación lo cual podría traer como consecuencia la desaparición de sus manifestaciones. Tiene también un gran potencial turístico el agua; sin embargo, el valor paisajístico de este recurso se ve afectado por la contaminación ambiental y esto a su vez impide el considerarlo como un lugar para la atracción turística.

La contaminación ambiental en las cuencas acuíferas del Ecuador

El derecho al agua, aunque no se encuentre reconocido dentro de los derechos humanos como una norma expresa o derecho fundamental, es un derecho innato al ser humano, debido a que sin agua no existiría vida en nuestro planeta. De allí su importancia, que en la actualidad se encuentra enmarcado en tratados e instrumentos jurídicos internacionales. El agua es esencial para la vida. La cantidad de agua dulce existente en la tierra es limitada, y su calidad está sometida a una presión constante. La conservación de la calidad del agua dulce es importante para el suministro de agua de bebida, la producción de alimentos y el uso recreativo. La calidad del agua puede verse comprometida por la presencia de agentes infecciosos, productos químicos tóxicos o radiaciones. (Organización Mundial de la Salud, OMS).

Para la OMS el agua está contaminada cuando su composición se haya alterado de modo que no reúna las condiciones necesarias para ser utilizada beneficiosamente en el consumo del órgano y de los animales. Se afirma desde la literatura científica que, los ríos, cuencas y ecosistemas acuáticos son el motor biológico del planeta. El agua es la fuente de vida de todo ser vivo del planeta, constituye un elemento vital para la naturaleza y para la existencia de los seres humanos, hasta el momento no hay estudios que demuestren que existan seres que no

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garantice su sostenibilidad y el aprovechamiento de las futuras generaciones. (Organización de las Naciones Unidas, ONU).

Ente las causales de contaminación ambiental en la nación ecuatoriana son:

La contaminación del agua causada por la inadecuada disposición y eliminación de residuos, constituye uno de los principales problemas que afecta a la calidad del agua en el Ecuador. Se estima que, por debajo de los 2000 metros de altitud, los cauces de agua en el Ecuador están contaminados especialmente por desechos de las actividades industriales y falta de sistemas de remediación de aguas servidas, ISCH (ISCH & GENTES, 2006).

Las provocadas especialmente por aguas residuales de procesos industriales y/o manufactureros de transformación o explotación (minería, hidrocarburos, metalúrgicos, textiles) y generación de energía.

Las actividades industriales que causan daño en los ecosistemas naturales son la extracción de madera con fines comerciales, la agroindustria, la extracción de petróleo y minerales y la construcción de proyectos hidroeléctricos y los denominados proyectos multipropósito.

La agricultura, es otra de las fuentes de contaminación, al usar en la misma fertilizantes, plaguicidas y herbicidas que utilizan los agricultores para la fertibilidad de la tierra y para proteger los cultivos, de buenas cosechas y de las plagas, estos productos a través de las lluvias y de los riegos arrastran a los ríos y vertientes y por ende contaminan el agua. Producida por la utilización de fertilizantes, pesticidas, nutrientes; además desechos de actividades agroindustriales. El uso de pesticidas en la producción agrícola tiene impactos nocivos en la salud humana y en el ambiente, especialmente en el agua y la tierra.

La contaminación del agua por extracción de petróleo puede darse por varias actividades durante el proceso: contaminación por desechos sólidos y químicos, por lodos de perforación, por accidentes y derrames, por operación de los pozos, alteración de los cursos de agua, entre

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el conjunto de objetivos, principios, criterios y orientaciones generales para la protección del medio ambiente de una sociedad particular. Entonces, puede afirmarse que la política ambiental está estrechamente interrelacionada con otros sectores políticos, cuyas decisiones y programas influyen directamente en sus resultados y requiere un alto nivel de coordinación. Bajo estas premisas, todo el ámbito del marco Institucional debe estar construido por ciertas condiciones que son necesarias para la aplicación y práctica efectiva de las políticas ambientales.

Es decir que tienen que solucionar sus problemas tecnológicos (como enfrentar desde la ciencia y la técnica, los problemas de contaminación o prevención), problemas sociales (como incluir a la ciudadanía en la gestión ambiental y lograr el consenso, frente a los posibles conflictos que se presentaren), problemas legales (de qué manera se puede sancionar, administrar o hacer cumplir las políticas de gestión ambiental, tiene que ver con la existencia de ordenanzas al respecto), problemas políticos (como la inestabilidad política o la incertidumbre, genera posibilidades de gestión eficientes y con seguimiento efectivo, para el logro de los objetivos); y, los problemas económicos (el nivel de financiamiento necesaria para ejecutar la política de gestión o su falta de recursos impide su aplicación o evaluación)

En todo este contexto, la bioética, en relación con el medio ambiente, se inscribe con una aspiración en concreto: establecer la eticidad de las relaciones del hombre con la naturaleza, es decir, de terminar no que la preservación del ambiente sea un deber y una necesidad -lo cual ya ha sido formulado y suficientemente reiterado por otras disciplinas-, sino establecer un campo de reflexión sobre las relaciones del hombre, como especie y como grupo, en relación con la biosfera, de modo que se investiguen no solo los mecanismos de preservación del ambiente, sino también la legitimidad ética de los mismos, dentro de una filosofía de la

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extractivas. Al respecto, debemos mencionar que estas actividades en el ámbito ambiental, están reguladas bajo reglamentos.

En efecto, dentro de las actividades hidrocarburíferas las disposiciones que establecen la forma como deben comportarse dichas actividades con el ambiente, están sujetas a lo establecido en el Reglamento Ambiental para Operaciones Hidrocarburíferas, a pesar de que existe una Ley de Hidrocarburos, esta no contiene disposiciones respecto a otras variables de gran importancia, como los mecanismos de participación para estas actividades, la intervención petrolera en zonas protegidas, la intervención en comunidades indígenas, la relación de la actividad petrolera respecto al derecho al agua, al uso del suelo, como se desarrolla la fase de exploración, el comportamiento de las instituciones en las actividades de explotación, etc.

En la parte penal, el Código Penal ecuatoriano tiene un capitulo especifico en donde se establecen los delitos ambientales con sus respectivas penas, que hacen referencia a la figura jurídica de “delito ecológico”. En el año 2000, en Ecuador, se incorporó al Código Penal los delitos contra el medio ambiente y las contravenciones ambientales. Catorce años después de este hecho jurídico, el Código Orgánico Integral Penal definió las normas para sancionar a los distintos tipos de delitos: contra el ambiente y la naturaleza o Pacha Mama, contra la biodiversidad, contra los recursos naturales, contra la gestión ambiental y contra los recursos naturales no renovables. A partir de aquí, se han registrado derrames petroleros en el mar y en los ríos, el comercio de especies en peligro de extinción, entre otros delitos como la caza furtiva por nacionales y foráneos de especies marítimas en peligro de extinción (Albán, 2007; Guanoquiza, 2017 y Albán, 2016).

3.1La formación jurídica ambiental desde un enfoque bioético para alcanzar la cultura ambiental en la nación ecuatoriana

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ambiental especializada, en cuanto que se dirige a un grupo restringido de profesionales” (Gonzáles, 1998 y Novo, 2000).

Leff Zimerman, considera desde sus estudios

…“la necesidad de internalizar un saber ambiental emergente en todo un conjunto de disciplinas, tanto de las ciencias naturales como sociales, para construir un conocimiento capaz de captar la multicausalidad y las relaciones de interdependencia de los procesos de orden natural y social que determinan los cambios socioambientales, así como para construir un saber y unaracionalidad social orientada hacia los objetivos de un desarrollo sustentable, equitativo y duradero”... (Leff, 2000).

Los nuevos retos plantean la redimensión de la educación ambiental como proceso ante la pobreza, las modalidades de consumo, los problemas de población, salud, economía, desarrollo social y humano, paz y seguridad, así como a la democracia y los derechos humanos como premisas fundamentales en el proceso de gestión educativa ambiental. Ello implica crear y diseñar espacios educativos, sociales, culturales y ambientales que permitan el intercambio y la pluralidad de saberes en el camino sugerente de vislumbrar un ser humano que comprenda e integre la complejidad del mundo, donde se necesita conocerlos saberes en materia ambiental con un enfoque bioético.

Los autores del ensayo consideran que la educación jurídica ambiental busca la formación de una cultura jurídica ambiental, sin embargo, las ciencias de la educación no se han ocupado de este aspecto en profundidad de manera adecuada; no obstante, sobre cultura jurídica o cultura de la legalidad se ha particularizado el conocimiento de los derechos y de las obligaciones, de las prácticas y costumbres a las que se les atribuyen en algunos sistemas de derecho una función razonable y relevante en la vida colectiva, que permita dar cumplimiento

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caracteriza por el reconocimiento de derechos y deberes ambientales en la Constitución de 2008, donde se mantiene el esquema de derechos, deberes y garantías ambientales, al que suma una sistematización de las reglas ambientales aplicables a la conservación de la biodiversidad y la gestión ambiental.

Demuestra que, el objeto de los derechos ambientales está enmarcado por la calidad ambiental y el equilibrio ecológico, lo cual es coherente con la aproximación doctrinaria del Derecho Ambiental, en tanto disciplina jurídica, dentro de la cual se examinan aspectos relativos a la gestión ambiental y la conservación de la diversidad biológica incluyendo, por ejemplo, la prevención y el control de la contaminación ambiental, la gestión de los ecosistemas protegidos o la protección de la vida silvestre desde la bioética.

GRIJALVA JIMÉNEZ, desde sus estudios sobre el Derecho Ambiental ecuatoriano, sostiene que, los derechos de la naturaleza “tienen necesariamente el efecto de elevar los estándares de protección ambiental” (Grijalva, 2010). Luego es desarrollado en cuerpos jurídicos, a partir de Ley de Aguas de 1972, donde se aprecia cómo se decidió actualizar la normativa en base a la Constitución aprobada en el año 2008, es en el artículo 411, con énfasis en la sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el uso y aprovechamiento del agua.

La Ley de Aguas que, en cierto sentido, rige hasta la actualidad constituye un verdadero hito respecto de la propiedad de las aguas en el Ecuador, en razón de que cerró definitivamente toda posibilidad de ejercer cualquier forma de propiedad privada sobre las fuentes y cauces naturales, hasta el punto de prever expresamente que todas las aguas de propiedad particular, existentes hasta entonces, pasaban al dominio público; y, que sus propietarios se transformaban en meros titulares de derechos de aprovechamiento.

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el campo normativo universal básico de las obligaciones morales y jurídicas para todas las formas de vida, se identifican los valores fundamentales de una ética universal sustentada por la dignidad humana, por la igualdad de derechos, por la libertad, por la justicia, por la fraternidad y por la paz, valores claramente observados en las constituciones de Ecuador en lo que se refiere a la protección (defensa) de la naturaleza como sujeto de derechos. Para ello, se justiprecia que la bioética refuerza la propuesta de la visión Pachamama, en la cual el hombre deja de ser visto como el centro del universo y señor absoluto de la naturaleza, y pasa a ser cuestionado por las transformaciones que genera en la biósfera. La tecnología creada por el hombre genera poder, que, a su vez, genera responsabilidad, tanto frente a las generaciones futuras, como a la naturaleza como un todo (Peña, 2018 y Antúnez, 2015).

Para este propósito existen normativas regulatorias en los documentos: Plan de Desarrollo para el Buen Vivir (artículos 1, 13, 32, 33, 34, 35, 281), Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria (artículos 1, 5, 7), el Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA), y, Texto Unificado de Legislación Ambiental secundaria (TULAS), demuestran que las políticas públicas en la nación de Ecuador tienen un enfoque bioético.

En el Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano, implanta sanciones, multas y prisión por contaminación ambiental de ríos y vertientes hay que obedecer y cumplir las disposiciones legales para que en lo posterior no tener inconvenientes. En el artículo 251. Delitos contra el agua “La persona que, contraviniendo la normativa vigente, contamine, deseque o altere los cuerpos de agua, vertientes, fuentes, caudales ecológicos, aguas naturales afloradas o subterráneas de las cuencas hidrográficas y en general los recursos hidrobiológicos o realice descargas en el mar provocando daños graves, será sancionada con una pena privativa de libertad de tres a cinco años”.

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En este orden, el agua es considerada dentro de la contabilidad ambiental como un activo ambiental físico, los activos ambientales físicos se dividen en activos ambientales producidos por el hombre (es decir, los cultivados) y los activos ambientales no producidos por el hombre que proporciona la naturaleza; todos los activos naturales se reconocen cuando existe una unidad institucional que ejerce un derecho de propiedad, individual o colectivo sobre un bien, en este caso un bien natural como las tierras de los campos, los activos del subsuelo, los bosques no cultivados, los yacimientos minerales, los ríos, lagos etc., son denominados activos ambientales, siempre y cuando se deriven de ellos beneficios económicos (Gray & Bbebbington, 2002).

En la nación de Ecuador, el Ministerio del Ambiente asumió en el 2012, a través del Sistema de Contabilidad Ambiental Nacional, la responsabilidad de ejecutar el compromiso Presidencial de desarrollar la contabilidad ambiental. En atención a que, en este sentido, las Naciones Unidas a través del marco central sistema de contabilidad ambiental y económica (SEEA, 2014) y el sistema de contabilidad ambiental y económica para el agua (SEEA-Agua, 2013) proporcionan un marco conceptual para organizar de manera coherente y sistemática la información sobre cuestiones hidrológicas y económicas (AA.VV, 2014).

La estructura de cuentas contables ambientales se desagrega de la siguiente manera: Activos Ambientales, Pasivos Ambientales, Capital Ambiental, Costos y Gastos Ambientales, Medición y Valoración Ambiental, estas definiciones se basan en la formulación desarrollada por la ONU en su estudio denominado Sistemas Contables Ambientales y la Economía Integrada SCAEI (2002)3 sobre la integración de lo ambiental con lo económico.

La contabilidad ambiental promueve la elaboración de la matriz híbrida de oferta- utilización ambiental de los activos, flujos ambientales y transacciones económicas conexas para el Ecuador. Por consiguiente, la delimitación de los activos que establece el SCN ya se

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El tributo ambiental, en inicio del siglo XXI, los sistemas tributarios han afrontado nuevos retos como la globalización, los avances tecnológicos y la sensibilización de los ciudadanos en los temas sociales. Además, las estructuras tributarias latinoamericanas han experimentado una serie de cambios influenciando por los bajos niveles de recaudo, también cabe mencionar la marginalidad de tributos ambientales introducidos en las sucesivas reformas. El contexto Latinoamericano algunos países han desarrollado en mayor o menor medida su normativa o legislación ambiental (Aguilera, 2011).

El Estado ecuatoriano como sujeto activo en recaudación de impuestos, Constitución Política del Ecuador (2008), artículo 261, establece, “competencia para precisar las políticas económicas, tributarias, así como también en los recursos minerales, hidrocarburíferos y la biodiversidad”; por otra parte, el artículo 300, del cuerpo constitucional señala que “la política fiscal incentivará a la redistribución e impulsará el trabajo creativo innovador, la producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales responsables”. El régimen tributario se rige por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Este cuerpo jurídico prioriza los impuestos directos y progresivos. La política tributaria establecida en la nación tiene el objetivo de promover la redistribución y estimular el empleo, la producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas responsables, hecho jurídico que se vincula con la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado.

Con la aparición de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, los impuestos ambientales se han convertido en tema de mucha importancia y relevancia no solo a nivel del Estado ecuatoriano, sino que se ha dilatado en todo el universo por la integración de los países miembros de preservar el ecosistema y el derecho a vivir en un hábitat saludable. Los impuestos ambientales, basados en los principios constitucionales,

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No obstante, hay que significar que los tipos de impuesto vinculados a la contaminación ambiental se aprecian dirigidos a la disminución de gases tóxicos a la atmósfera por el uso de automóviles y el del reciclaje de envases de plástico. Empero, en el ordenamiento jurídico en la nación ecuatoriana no hay una regulación dirigida a la contaminación ambiental como resultado de la extracción de minerales, la contaminación por residuales de las industrias, por la extracción de hidrocarburos, entre otras.

Por tal motivo es un requisito indispensable contar con una política ambiental armonizada a nivel nacional y a nivel local, así como a nivel de otras divisiones relevantes desde el punto de vista de los ecosistemas (como cuencas hidrográficas, zonas frágiles, etc.); y, por supuesto, la política ambiental debe provenir de una institucionalidad fuerte, capaz de ganarse un espacio central y de hacer cumplir sus disposiciones. Los principales obstáculos que enfrentaría una propuesta de reforma fiscal verde en Ecuador son producto de las estructuras económicas y los arreglos sociales que se han creado alrededor de éstas: una economía altamente dependiente de los recursos naturales, especialmente de la explotación de petróleo y de la agricultura de exportación, ha generado una sociedad “rentista”, poco productiva, esperanzada en los frutos de la tierra.

Se aprecia que, con la tributación ambiental aplicada como el instrumento que coadyuvará al resto de medidas de política ambiental y energética, y que no solo debería permitir cumplir con el principio de quien contamina paga del Derecho Ambiental, sino que debería incentivar la realización de conductas que reduzcan la contaminación, o desincentivar actividades contaminantes, apartándose de figuras que obedecen exclusivamente a una finalidad recaudatoria. Un caso a destacar en materia de contaminación en Ecuador, es el de la Compañía Texaco-Chevron sobre su responsabilidad por daños provenientes del vertido del

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y de hacer cumplir sus disposiciones jurídicas. Hoy en Ecuador hay multiplicidad de disposiciones jurídicas, pero en materia de aguas pervive la contaminación por vertido, sin una adecuada mirada del principio de quien contamina paga a través del impuesto ambiental.

La contaminación ambiental incide de forma negativa sobre la naturaleza y el patrimonio de las personas; afecta la salud y las especies biológicas que viven en el planeta, es una obligación buscar las alternativas idóneas para la solución de la problemática ambiental al no la utilizar tecnologías de punta que no afecten al medio ambiente; las disposiciones jurídicas relacionadas con el marco jurídico de la Ley de Gestión Ambiental ecuatoriana requieren llenar los vacíos jurídicos como consecuencia del avance del Derecho Ambiental agravados por la multiplicación e incremento de los procesos extractivos al no usar tecnologías limpias por los sujetos de gestión económico.

La contabilidad ambiental promueve la elaboración de la matriz híbrida de oferta- utilización ambiental de los activos, flujos ambientales y transacciones económicas conexas para el Ecuador, lo que permite ejecutar la auditoría ambiental dentro de la fórmula estímulo/recompensa para una mejor competitividad de las empresas públicas y las privadas, necesitada de formación jurídica ambiental.

Los principales obstáculos que enfrentaría realizar una propuesta de reforma fiscal verde en Ecuador seria producto de las estructuras económicas y los arreglos sociales que se han creado alrededor de éstas una economía altamente dependiente de los recursos naturales, especialmente de la explotación de petróleo y de la agricultura de exportación, lo que ha generado una sociedad “rentista”, poco productiva, esperanzada en los frutos de la tierra. El reto es modificar estas conductas a través de la formación ambiental con un enfoque bioético.

La tributación ambiental coadyuvará a modificar las medidas de política ambiental y energética en Ecuador, para cumplir con el principio de quien contamina paga, y con ello

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