Arquitectura sistémica del Sistema Financiero Popular y Solidario en Ecuador: regulación y sostenibilidad
Revista de Ciencias Sociales y Económicas Vol. 10 Núm 2, 2026 | e-ISSN 2588 - 0594 - ISSN 2588 - 0586 https://revistas.uteq.edu.ec/index.php/csye
Arquitectura sistémica del Sistema Financiero Popular y
Solidario en Ecuador: regulación y sostenibilidad
(Systemic Architecture of Ecuador’s Popular and Solidarity Financial System:
Regulation and Sustainability)
Resumen
La investigación analiza la evolución, trascendencia y
gobernanza institucional del Sistema Financiero Popu-
lar y Solidario (SFPS) del Ecuador entre 2012 y 2025,
destacando el papel del sector cooperativo dentro del
sistema nanciero nacional (SFN), con una participa-
ción del 27,1 %, lo que lo posiciona como el segundo
en América Latina, con activos por USD 28.307 millo-
nes. Se utilizó un enfoque crítico-analítico con diseño
mixto secuencial explicativo y un estudio de caso críti-
co, combinando triangulación de fuentes secundarias y
análisis longitudinal. La muestra incluyó 394 coopera-
tivas bajo criterio censal. El análisis cuantitativo incor-
poró el Índice de Herndahl-Hirschman para medir la
concentración regional, el Índice de Supervivencia Ins-
titucional mediante el modelo Kaplan-Meier y el Índice
de Sostenibilidad Institucional, Gobernanza e Inclusión
de Género. Los resultados muestran una reducción del
55,6 % en el número de cooperativas, pasando de 946
a 394 entidades, con un nivel de supervivencia del 41,6
%. Además, se evidencia una alta concentración estruc-
tural, donde el Segmento 1 concentra más el 80 % de
los activos, depósitos y cartera, mientras los demás seg-
mentos presentan participaciones signicativamente
menores. En cuanto a gobernanza e inclusión, se identi-
ca una paridad cercana al equilibrio, con un 48,4 % de
mujeres en cargos directivos y una asignación del 43,5
% del crédito hacia este grupo. También se observan
altos niveles de cumplimiento en educación nanciera
y balance social. En conclusión, el SFPS ecuatoriano
reeja una transformación institucional caracterizada
por concentración, depuración organizacional, fortale-
cimiento regulatorio y avances en inclusión nanciera
u equidad de género.
Palabras clave: Cooperativas de ahorro y crédito,
economía social y solidaria, gobernanza cooperativa,
regulación y control, institucionalidad, sostenibilidad
institucional.
Abstract
This study analyzes the evolution, signicance, and
institutional governance of Ecuador’s Popular and So-
lidarity Financial System (SFPS) between 2012 and
2025, highlighting the role of the cooperative sector
within the national nancial system (SFN), with a
27.1% share, positioning it as the second largest in La-
tin America, with assets totaling USD 28.307 billion. A
critical–analytical approach was used, with an expla-
natory sequential mixed-methods design and a critical
case study, combining triangulation of secondary sour-
ces and longitudinal analysis. The sample included 394
cooperatives based on census criteria. The quantitative
analysis incorporated the Herndahl–Hirschman Index
to measure regional concentration, the Institutional
Survival Index using the Kaplan–Meier model, and the
Institutional Sustainability, Governance, and Gender
Inclusion Index. The results show a 55.6% reduction in
the number of cooperatives, from 946 to 394 entities,
with a survival rate of 41.6%. In addition, the ndings
reveal high structural concentration, with Segment 1
accounting for more than 80% of assets, deposits, and
loan portfolio, while the remaining segments show
signicantly lower shares. Regarding governance and
inclusion, near gender parity is identied, with women
holding 48.4% of leadership positions and receiving
43.5% of credit allocation. High levels of complian-
ce with nancial education and social balance requi-
rements are also observed. In conclusion, Ecuador’s
SFPS reects an institutional transformation charac-
terized by concentration, organizational streamlining,
regulatory strengthening, and progress in nancial in-
clusion and gender equity.
Keywords: Credit Unions, Social and Solidarity Eco-
nomy, Cooperative Governance, Regulation and Over-
sight, Institutional Framework, Institutional Sustaina-
bility.
Recibido: 17/01/2026 | Aceptado: 22/04/2026
https://doi.org/10.18779/csye.v10i2.1264 | Páginas: 42-56
Cita sugerida (APA séptima edición):
Vergara Suárez , L. (2026). Arquitectura sistémica del Sistema Financiero Popular y Solidario en Ecuador: regulación y sostenibilidad. Revista de Ciencias Sociales
y Económicas, 10(2), 42-56. https://doi.org/10.18779/csye.v10i2.1264
Lorena Silvana Vergara Suárez
*
https://orcid.org/0000-0001-8384-2251
FLACSO-Ecuador. adesor.consultoria@gmail.com
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Arquitectura sistémica del Sistema Financiero Popular y Solidario en Ecuador: regulación y sostenibilidad
Introducción
El cooperativismo surgió en el siglo XIX
como respuesta a las desigualdades provo-
cadas por la industrialización. Se basó en la
ayuda mutua, la solidaridad y la organización
colectiva de los trabajadores. Su hito funda-
cional fue la experiencia de los Pioneros de
Rochdale en 1844, que establecieron sus prin-
cipios básicos. (Palomo, 2000). Desde enton-
ces se consolidó como tercer sector, capaz de
generar inclusión nanciera y cohesión terri-
torial (Chaves y Monzón, 2018). Su doctrina
se articula en principios universales adhesión
voluntaria, control democrático, participación
económica, autonomía, educación y compro-
miso comunitario que han permitido preservar
identidad frente al isomorsmo institucional
(Gutiérrez-García, 2010). En América Latina
y en Ecuador, el cooperativismo se relacionó
estrechamente con la democratización del ac-
ceso al crédito y el impulso del desarrollo te-
rritorial local sostenible. (Marí, 2011).
La identidad cooperativa se ha enriquecido
con aportes contemporáneos de la economía
social y solidaria: innovación social, eco-
nomía circular y del bien común (Chaves y
Monzón, 2018); socioeconomía de la solida-
ridad (Guerra, 2014); pluralidad de principios
económicos y reciprocidad (Polanyi, 2003;
Mauss, 2009); lógica del don en experiencias
andinas (Carranza, 2013); y la construcción
de otra economía desde la práctica solidaria
(Coraggio, 2014). La International Coopera-
tive Alliance (2022) rearma esta identidad
en torno a denición, valores y principios,
consolidando un modelo ético-operativo que
prioriza personas sobre capital y sostenibili-
dad sobre acumulación.
En Ecuador, la primera Cooperativa de
Ahorro y Crédito (COAC) se fundó en 1927;
para 1959 existían 61 y en 1969 ya eran 480
(Miño, 2013). El punto de inexión llegó en
2012 con la creación de la SEPS, que recibió
un catastro de 946 COAC (Andrade y Gua-
maní, 2024). La Ley de Cooperativas de 1937
y su reforma de 1966 mostraron debilidad
institucional (Miño, 2013; Jácome, 2014). La
Constitución de Montecristi (2008) reconoció
a la EPS como parte estructural del sistema
económico (Asamblea Nacional del Ecuador,
2008). Tras la crisis bancaria de 1998–1999,
que colapsó el 60 % del sistema privado (Ver-
gara, 2025), las cooperativas mostraron resi-
liencia gracias a su gestión prudente y con-
anza comunitaria (Jácome, 2014; Jácome y
Páez, 2014).
La Ley Orgánica de Economía Popular y
Solidaria (LOEPS) y su Reglamento General
establecieron un marco normativo fundamen-
tal para el reconocimiento de la Economía
Popular y Solidaria (EPS) como un sector
estratégico dentro del modelo de desarro-
llo ecuatoriano, orientado a priorizar al ser
humano sobre el capital y promover formas
asociativas de producción, nanciamiento y
consumo (Asamblea Nacional del Ecuador,
2011). En este contexto, la creación de la Su-
perintendencia de Economía Popular y So-
lidaria (SEPS) en 2012 marcó un hito en la
consolidación de un sistema de supervisión
especializado, fortaleciendo los mecanismos
de control, regulación y acompañamiento
institucional del sector (Jácome, 2016). Pos-
teriormente, el Código Orgánico Monetario y
Financiero (COMYF) integró formalmente a
la EPS dentro del sistema nanciero nacional,
reconociendo su relevancia en la inclusión
nanciera y en la diversicación de la inter-
mediación nanciera (Asamblea Nacional del
Ecuador, 2014). Este proceso dio lugar a una
arquitectura institucional articulada que inclu-
ye al Instituto Nacional de Economía Popu-
lar y Solidaria (IEPS), encargado de la pro-
moción, fortalecimiento y asistencia técnica a
las organizaciones; a la Corporación Nacional
de Finanzas Populares y Solidarias (CONA-
FIPS), responsable de canalizar recursos -
nancieros y dinamizar el acceso al crédito; y a
la Corporación del Seguro de Depósitos, Fon-
do de Liquidez y Fondo de Seguros Privados
(COSEDE), cuya función principal es garanti-
zar la protección de los depósitos y contribuir
a la estabilidad del sistema nanciero popular
y solidario (Jácome, 2022).
Más recientemente, la reforma de la
LOEPS en 2024 ha reforzado los estándares
de solvencia y gobernanza, incorporando ade-
más nuevos enfoques vinculados a la trans-
formación digital y la sostenibilidad, lo que
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Vergara, 2026
evidencia una evolución normativa orientada
a fortalecer la adaptabilidad y legitimidad del
sector frente a los desafíos contemporáneos
(Vergara, 2025).
La gobernanza se dene como reglas y
prácticas que garantizan dirección y rendición
de cuentas, alineadas con la ACI (1995/2021)
y la LOEPS (2011/2024). Busca diferenciarse
de la banca tradicional, priorizando sosteni-
bilidad socioeconómica y valor comunitario
(García Muller, 2014). World Council of Cre-
dit Unions (2013) enfatiza la promoción de la
inclusión nanciera y el desarrollo de están-
dares para las cooperativas de ahorro y crédi-
to, mientras que la Asamblea General de las
Naciones Unidas en el año 2009 reconoce a
las cooperativas como actores estratégicos en
el desarrollo sostenible. El Balance Social se
institucionalizó como herramienta de gestión
integral (Superintendencia de Economía Po-
pular y Solidaria, 2024; Jácome, 2021). Frente
al isomorsmo bancario, la institucionalidad
actúa como “escudo” mediante normas de
solvencia y Buen Gobierno (Becerra y Giral-
do, 2025; SEPS, 2025), reforzadas por prácti-
cas de compliance y autorregulación (Vaudó,
2022). La estructura orgánica de las COAC se
dene en la LOEPS (2011/2024): Asamblea
General (Art. 33), Consejo de Administración
(Art. 37), Consejo de Vigilancia (Art. 38) y
Gerencia (Art. 40), asegurando segregación
de funciones y legitimidad institucional. Este
diseño normativo consolida la gobernanza
cooperativa como sistema democrático, trans-
parente y participativo, protegiendo la identi-
dad solidaria frente a presiones de mercado.
La trayectoria histórica del cooperativis-
mo ecuatoriano demuestra que su capacidad
estratégica depende de la normativa y de la
capacidad de adaptación frente a crisis sis-
témicas. La experiencia de la crisis banca-
ria de 1998–1999, que colapsó el 60 % del
sistema privado (Vergara, 2025), evidenció
que las COAC pudieron sostenerse gracias
a la conanza comunitaria y a su baja expo-
sición al mercado global (Jácome, 2014; Já-
come y Páez, 2014). Este comportamiento
conrma la hipótesis de Polanyi (2003) sobre
el “doble movimiento”, donde la sociedad
reacciona frente a los excesos del mercado,
y se vincula con la noción de socioeconomía
de la solidaridad (Guerra, 2014), que rescata
prácticas de reciprocidad y austeridad como
fundamentos de sostenibilidad.
En este contexto, la institucionalización del
sector con la LOEPS (2011/2024), el COMYF
(2014) y la creación de la SEPS (2012) con-
solidó un marco regulatorio integral que arti-
cula funciones de rectoría, control y fomento
(Jácome, 2016; Jácome, 2021). Este marco se
complementa con el Balance Social como he-
rramienta de legitimidad (SEPS, 2024) y con
la Norma de Buen Gobierno Cooperativo (Re-
solución No. SEPS-IGT-IGS-IGJ-INR-IN-
SESF-INFMR-INGINT-2025-0144), la cual
establece principios de transparencia, ética y
rendición de cuentas, regula la estructura y
funciones de los órganos de gobierno y forta-
lece los mecanismos de control interno y par-
ticipación de los socios (SEPS, 2025). En con-
junto, estas disposiciones refuerzan la ética y
la transparencia bajo estándares internaciona-
les de compliance (Vaudó, 2022). En este sen-
tido, la gobernanza cooperativa se congura
como un sistema democrático y participativo
que protege la identidad solidaria frente a la
alineación con el modelo bancario tradicional
(Becerra y Giraldo, 2025). La sostenibilidad
institucional requiere tanto eciencia nan-
ciera como legitimidad social, subrayando la
necesidad de adaptación frente a los nuevos
paradigmas emergentes (Chaves y Monzón,
2018).
Materiales y métodos
La investigación adopta un paradigma críti-
co-analítico bajo un diseño mixto secuencial
explicativo, desarrollado como un caso crítico
del sector cooperativo ecuatoriano. Se com-
binan análisis cuantitativos de indicadores
nancieros con una interpretación comparada
internacional, sustentada en la economía ins-
titucional y la teoría de regulación nanciera
(Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018; Yin,
2018). El estudio emplea una triangulación
sistemática de fuentes secundarias, integrando
datos administrativos del portal DATA SEPS
y registros históricos longitudinales (2012–
2025). La muestra censal de 394 cooperativas
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de los segmentos 1 al 5 presenta una marca-
da heterogeneidad que fue tratada mediante
la estraticación por niveles de activos para
mitigar sesgos de representatividad en los re-
sultados nales. Para controlar la calidad de
la información y reducir sesgos derivados de
fuentes secundarias, se aplicaron ltros de
limpieza de datos, eliminando registros con
valores nulos o inconsistencias contables en
los reportes de cartera. Este procedimiento
asegura que el benchmarking con estánda-
res internacionales de supervisión (Basilea,
WOCCU) mantenga la consistencia estadís-
tica necesaria para los modelos de inferencia
aplicados posteriormente. La estructura del
sistema regional se evaluó mediante el Índice
Herndahl-Hirschman (IHH), calculado de la
siguiente manera (ver Ecuación 1).
(1)
Donde representa la participación relativa
de cada entidad en el total de activos. Con este
análisis se alcanzó una caracterización preci-
sa del grado de monopolio o atomización del
mercado, identicando vulnerabilidades sisté-
micas por concentración de recursos. La evo-
lución y el saneamiento institucional se ana-
lizaron mediante el modelo de supervivencia
Kaplan-Meier, estimando la probabilidad de
que una cooperativa permanezca activa me-
diante la función (ver Ecuación 2).
(2)
El “evento” de falla se operacionalizó es-
trictamente como la liquidación forzosa o la
fusión por absorción, validando el supuesto
de riesgos independientes para garantizar que
la inferencia sobre la duración institucional
sea estadísticamente robusta (Kaplan y Meier,
1958). A través de este modelado, se logró
determinar la esperanza de vida institucional
del sector bajo distintos ciclos regulatorios,
permitiendo predecir la estabilidad del siste-
ma frente a procesos de intervención técnica
y saneamiento estructural iniciados desde la
implementación de la nueva normativa nan-
ciera. La gestión y gobernanza se midieron
mediante el Índice de Sostenibilidad Institu-
cional, Gobernanza e Inclusión de Género, de-
nido como un indicador sintético equiponde-
rado bajo la siguiente fórmula (ver Ecuación
3).
(3)
Este indicador sintético normaliza varia-
bles de balance social (CBS), paridad efectiva
(IPe), inclusión de género (IFG) y cobertura
educativa (CEF), transformando datos admi-
nistrativos en métricas comparables de legiti-
midad social (Chaves y Monzón, 2018). Me-
diante la aplicación del ISGIG, se alcanzó una
evaluación multidimensional que vincula el
desempeño nanciero con el impacto social,
logrando visibilizar las brechas de género y la
efectividad de la educación nanciera como
pilares de la sostenibilidad cooperativa a largo
plazo. Finalmente, para asegurar la transpa-
rencia procedimental requerida, cada compo-
nente del ISGIG se construyó a partir de regis-
tros validados donde la paridad efectiva (IPₑ),
relaciona el porcentaje de mujeres en cargos
directivos frente al total de socias. Este diseño
metodológico integral permite una transición
precisa entre el análisis descriptivo de soli-
dez nanciera y la evaluación inferencial de
la sostenibilidad social y política del sistema
ecuatoriano. Con la integración de estas he-
rramientas, se alcanzó una visión integral que
supera el análisis nanciero tradicional, per-
mitiendo concluir cómo la estructura de go-
bernanza y la equidad inuyen directamente
en la sostenibilidad institucional de las orga-
nizaciones frente a entornos económicos ad-
versos y regulatorios exigentes.
Resultados
Composición y estructura nanciera de las
COACs ecuatorianas y un contexto latinoa-
mericano
El cooperativismo nanciero mundial movili-
za a más del 12 % de la población global a tra-
vés de aproximadamente 3 millones de coope-
rativas, las cuales generan empleo para cerca
del 10 % de la fuerza laboral. De acuerdo con
la (Cooperative Alliance [ICA] y la European
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Vergara, 2026
Research Institute on Cooperative and Social
Enterprises [EURICSE], 2025), las 300 ma-
yores organizaciones concentran un volumen
de negocio de 2,4 billones de USD, mientras
que en Europa operan más de 240.000 coope-
rativas que agrupan a 95,6 millones de asocia-
dos. En este contexto global, América Latina
presenta una estructura caracterizada por altos
niveles de concentración, como se eviden-
cia en la Tabla 1. El cálculo del Índice IHH
sobre activos en la región alcanza 3.884,57
puntos, lo que clasica al mercado como al-
tamente concentrado (umbral > 2.500). Brasil
concentra el 60,53 % de los activos regiona-
les, aunque su participación dentro del siste-
ma nanciero nacional es relativamente baja
(4,41 %). En contraste, Ecuador destaca por
su profundidad nanciera, con una participa-
ción del 27,06 % sobre su sistema nanciero
nacional y una elevada densidad asociativa
(313,9 socios por cada 1.000 habitantes). Este
comportamiento se conrma mediante el in-
dicador de activos per cápita, donde Ecuador
(USD 1.395,47) y Costa Rica (USD 1.749,29)
superan ampliamente el promedio regional, a
pesar de que Brasil lidera en volumen absolu-
to (USD 648,70).
En términos de posicionamiento institu-
cional, Durán (2024) identica que Ecuador
ubica 12 cooperativas dentro del ranking de
las 100 mayores de América Latina, de las
cuales 10 pertenecen al Segmento 1. Destaca
la Cooperativa de Ahorro y Crédito Juventud
Ecuatoriana Progresista Ltda. (JEP), posicio-
nada como la tercera más grande de la región,
con más de 1,5 millones de socios y activos
superiores a USD 3,8 millones. Por su parte,
México lidera en volumen individual con Caja
Popular Mexicana, seguido de Chile con Coo-
peuch, país que logra ubicar cinco cooperati-
vas en dicho ranking. Con el n de mejorar la
comparabilidad y evitar sesgos derivados de
economías de gran escala, la Tabla 1 presenta
únicamente países con características demo-
grácas y nancieras similares a Ecuador. La
tabla completa del contexto latinoamericano
se incluye en el Anexo 1.
Tabla 1. Estructura nanciera y concentración (IHH) de las CAC en economías compa-
rables a Ecuador (2023)
País
Activos CAC
(USD mill.)
Participación
SFN
Población
2025
CAC Per Cá-
pita (USD/
Hab)
Indice IHH
Ecuador 25.523 0,2706 18.289.896 1.395,47 125,22
Guatemala 4.390 0,0591 18.687.881 234,91 3,72
Chile 4.293 0,0213 19.859.921 216,16 3,53
Paraguay 3.624 0,0656 7.013.078 516,75 2,53
El Salva-
dor
5.568 0,1738 6.365.503 874,71 5,95
Costa Rica 9.014 0,0248 5.152.950 1.749,29 15,6
TOTAL 52.412 0,6152 75.369.229 4.987,29 156,55
Nota. Cooperativas de Ahorro y Crédito en América Latina (DGRV). Los valores de activos se expresan en
millones de USD. El Índice Herndahl-Hirschman (IHH) se calcula como la suma de los cuadrados de las par-
ticipaciones relativas dentro de cada sistema nacional, como medida de concentración. La selección de países
responde a criterios de comparabilidad con Ecuador en términos demográcos y nancieros.
La estructura del SFPS presenta un patrón
altamente concentrado, caracterizado por una
distribución asimétrica de activos entre seg-
mentos institucionales. Tal como se eviden-
cia en la Tabla 2, el sistema está conformado
por 394 Cooperativas de Ahorro y Crédito
(COAC), organizadas en cinco segmentos de
acuerdo con su nivel de activos. El Segmen-
to 1, integrado por 43 entidades con activos
superiores a USD 80 millones, concentra el
mayor peso del sistema, administrando USD
23.509 millones en activos, lo que representa
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la mayor proporción del total agregado. Este
segmento también concentra USD 19.482 mi-
llones en depósitos y USD 15.838 millones
en cartera de crédito, evidenciando su predo-
minancia en la intermediación nanciera. En
términos de eciencia, registra un promedio
de USD 3.013 en activos por certicado de
aportación.
Los segmentos 2 y 3 agrupan en conjun-
to 158 entidades y representan una fracción
intermedia del sistema. El Segmento 2 admi-
nistra USD 3.087 millones en activos, mien-
tras que el Segmento 3 alcanza USD 1.194
millones. En términos de intermediación, el
Segmento 3 presenta una relación de inter-
mediación cercana al 99,0 %, con niveles de
liquidez corriente de 39,9 % y una morosidad
ampliada de 8,8 %. Los indicadores de ren-
tabilidad (ROA y ROE) se ubican en niveles
bajos en ambos segmentos, con valores entre
0,1 % y 0,9 %. En la base del sistema, los seg-
mentos 4 y 5 concentran 193 entidades, equi-
valentes al 48,5 % del total de COAC, pero
administran únicamente el 1,83 % de los ac-
tivos totales (USD 517 millones). Este grupo
presenta niveles reducidos de escala operati-
va, con un promedio de USD 1.103 en activos
por socio. La distribución general de activos y
depósitos evidencia una estructura fuertemen-
te concentrada en el Segmento 1, mientras que
los segmentos de menor escala presentan una
participación marginal en el volumen agrega-
do del sistema.
Tabla 2. Composición y estructura nanciera de las COAC ecuatorianas.
Segmento
Nro.
Entidades
Certicados de
Aportación
Activos
(USD
millones)
Cartera de
Crédito (USD
millones)
Depósitos
(USD
millones)
Segmento 1
Activos mayores a
80 M
43 7.801.766 23.509 15.838 19.482
Segmento 2
Activos mayores
a USD 20M hasta
80 M
63 1.654.843 3.087 2.408 2.327
Segmento 3
Activos mayores
a USD 5 M hasta
20 M
95 741.318 1.194 924 879
Segmento 4
Activos mayores
a USD 1 M hasta
5 M
141 421.525 465 359 315
Segmento 5
Activos mayores
a 1 M
52 47.142 52 38 33
Total 394 10 666 594 28 307 19 567 23 036
Nota. Portal estadistico (SEPS, 2025)
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Vergara, 2026
Evolución y saneamiento estructural del
SFPS (2012-2025)
La experiencia de depuración institucional
del SFPS ecuatoriano entre 2012–2025 se
inserta en una tendencia internacional de re-
estructuración y consolidación del sistema -
nanciero, donde la reducción del número de
entidades ha sido utilizada como mecanismo
de fortalecimiento regulatorio y restauración
de conanza. Casos comparables se observan
en Estados Unidos tras la implementación de
la FIRREA (1989), con cierres signicativos
de instituciones nancieras (Federal Reserve
History), en España con la reducción de enti-
dades tras la crisis de 2008 (Palomo, 2000), en
Alemania mediante esquemas de protección
institucional (Chaves y Monzón, 2018) y en
Italia a partir de la reorganización en grupos
bancarios obligatorios (Guerra, 2014).
En América Latina, procesos similares se
evidencian en Colombia bajo esquemas de su-
pervisión cooperativa (Serna y Rubio-Rodrí-
guez, 2016) y en Brasil mediante la consoli-
dación de sistemas cooperativos como Sicredi
y Sicoob (Chaves y Monzón, 2018).
En el caso ecuatoriano, la Figura 2 mues-
tra que el universo inicial de 946 COAC se
redujo a 394 entidades activas al cierre de di-
ciembre de 2025, lo que representa una con-
tracción neta de 552 entidades. De las salidas
registradas, 333 corresponden a liquidaciones
forzosas (35,2 % del universo inicial), 176 a
fusiones (18,6 %) y 43 a disoluciones volunta-
rias (4,5 %). En términos relativos, el sistema
presenta un ISI de 41,8 %, estimado mediante
el método Kaplan-Meier. La distribución tem-
poral de las salidas evidencia una intensica-
ción en el periodo 2021–2024, en el que se
registra aproximadamente el 80 % de las li-
quidaciones (267 casos). Según reportes insti-
tucionales de la SEPS, las principales causales
incluyen pérdidas patrimoniales superiores al
50 % (36 %), incumplimiento del objeto so-
cial (32 %) e incumplimiento de programas
de supervisión intensiva (30 %), mientras que
la insolvencia técnica directa representa una
proporción marginal (2 %) (SEPS, 2025).
En términos de estructura sistémica, el
Anexo 1 presenta el Índice de IHH estimado
para 2024, el cual alcanza un valor de 0,7037
sobre activos totales de USD 28.307 millones,
lo que indica un alto nivel de concentración
del sistema nanciero popular y solidario. La
mayor participación corresponde al Segmen-
to 1, con el 83,05 % de los activos totales,
mientras que los segmentos de menor escala
presentan participaciones signicativamente
inferiores (SEPS, 2025). Adicionalmente, los
reportes de supervisión evidencian un incre-
mento en el número de alertas tempranas, que
pasan de 12 en 2016 a 1.367 en 2024, según
datos de la SEPS (2025). Las pruebas de estrés
se concentran principalmente en segmentos
de mayor nivel de riesgo relativo, con énfasis
en entidades de menor escala (SEPS, 2025).
Figura 2. Evolución institucional del SFPS (2012–2025): activas, liquidaciones, conver-
siones, fusiones y extinciones
Nota. Portal Estadístico SEPS (2025), resoluciones SEPS 2016–2024 y Rendición de Cuentas SEPS (2018,
2024)
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Vol. 10. Núm. 2, julio - diciembre 2026 | Revista de Ciencias Sociales y Económicas
Arquitectura sistémica del Sistema Financiero Popular y Solidario en Ecuador: regulación y sostenibilidad
Gobernanza y género en el SFPS ecuatoria-
no
La estructura institucional del SFPS ecuato-
riano se caracteriza por un esquema de gober-
nanza multinivel, donde la perspectiva de gé-
nero adquiere un papel signicativo dentro de
su organización. En el ámbito internacional,
datos de ONU Mujeres (2026) muestran que
la participación femenina en los parlamentos
alcanza el 27,5 %, en comparación con el 11
% registrado en 1995. Únicamente siete paí-
ses han logrado una representación igual o su-
perior al 50 % de mujeres en cámaras bajas o
parlamentos unicamerales, entre ellos Rwan-
da, Cuba, Nicaragua y Bolivia, junto con An-
dorra, México y los Emiratos Árabes Unidos.
Adicionalmente, otros 23 países han superado
el umbral del 40 % de representación femeni-
na, distribuidos en distintas regiones del mun-
do, incluyendo Europa, África, América Lati-
na y el Caribe, y Asia-Pacíco. En el ámbito
local, información correspondiente a 147 paí-
ses indica que las mujeres representan más de
3 millones de cargos en órganos deliberativos,
equivalente al 36 %. Sin embargo, la paridad
del 50 % solo se ha alcanzado en dos países,
mientras que en 29 naciones la participación
femenina supera el 40 % en los gobiernos lo-
cales (ONU Mujeres, 2026).
En el caso de COAC en Ecuador, la parti-
cipación femenina alcanza el 48,4 %, lo que
sugiere un equilibrio agregado. Sin embargo,
Conforme a SEPS (2025) la distribución por
cargos muestra diferencias relevantes: las mu-
jeres representan el 70,4 % en secretarías, el
37,4 % en presidencias y el 36,2 % en repre-
sentaciones legales. Esta distribución eviden-
cia una concentración diferenciada de roles
según nivel jerárquico. En términos de capital
humano, los datos muestran que las mujeres
superan ligeramente a los hombres en nivel de
educación superior (2.570 frente a 2.511).
En este sentido, la evidencia empírica de
Vergara-Suárez (2019) en el ámbito del mi-
crocrédito indica que el 53 % de los microem-
presarios son mujeres y que la totalidad de
quienes poseen Registro Único de Contribu-
yentes (RUC) acceden a microcréditos. El
estudio también reporta que el 64 % de los
microempresarios con crédito mantiene dos
operaciones simultáneas, lo que reeja un ni-
vel de actividad nanciera recurrente dentro
del sistema. En términos de estructura eta-
ria, los datos muestran una mayor participa-
ción femenina en el rango de edad de 18 a 39
años. Este patrón coincide con los hallazgos
de Vergara-Suárez (2019), quien reporta que
el 80 % de los microempresarios está aliado
a gremios o cámaras y que la edad promedio
es de 35 años, lo que permite caracterizar un
segmento de población económicamente acti-
va relativamente joven dentro del ecosistema
micronanciero.
Como se evidencia en la Tabla 3, el ISGIG,
aplicado a una muestra de 394 COAC al cierre
de 2025, alcanza un valor promedio de 0,68
en una escala estandarizada de 0 a 1. Este re-
sultado sugiere un nivel relativamente alto de
internalización de estándares de gobernanza e
inclusión de género, aunque con heterogenei-
dad relevante asociada a la escala operativa de
las entidades analizadas. El comportamiento
de los subindicadores evidencia una estruc-
tura asimétrica de desempeño institucional.
El Cumplimiento del Balance Social (CBSᵢ
= 0,92) presenta el mayor nivel de consoli-
dación, reejando altos grados de adopción
normativa y estandarización de procesos de
transparencia. En contraste, el Índice de In-
clusión Financiera de Género (IFGᵢ = 0,43)
constituye la dimensión de menor desempeño
relativo, evidenciando persistentes brechas en
el acceso efectivo a servicios nancieros. Por
su parte, el Índice de Paridad Efectiva (IPₑ,ᵢ =
0,54) y la Cobertura de Educación Financiera
(CEFᵢ = 0,81) se ubican en niveles interme-
dios y relativamente altos, respectivamente,
sugiriendo avances parciales en inclusión y
formación nanciera.
A partir de la estimación de un modelo de
regresión logística binaria, los resultados in-
dican que todas las variables del ISGIG pre-
sentan efectos positivos y estadísticamente
signicativos sobre la probabilidad de super-
vivencia institucional. En términos de mag-
nitud, el Índice de Paridad Efectiva (IPₑ,ᵢ)
exhibe el mayor efecto (β = 0,68; p < 0,01),
seguido por la Cobertura de Educación Finan-
ciera (CEFᵢ) (β = 0,40; p < 0,01). El Cumpli-
miento del Balance Social (CBSᵢ) (β = 0,45;
Revista de Ciencias Sociales y Económicas | Vol. 10. Núm. 2, julio - diciembre 2026
50
Arquitectura sistémica del Sistema Financiero Popular y Solidario en Ecuador: regulación y sostenibilidad
Vergara, 2026
p < 0,05) y la Inclusión Financiera de Género
(IFGᵢ) (β = 0,31; p < 0,05) también resultan
estadísticamente signicativos, aunque con
menor impacto relativo en comparación con
la paridad de decisión. El coeciente agrega-
do del ISGIG (β = 1,842; p < 0,05) conrma
la validez del índice como predictor sintético
de sostenibilidad institucional, evidenciando
consistencia interna entre sus componentes.
Los efectos marginales estimados revelan que
incrementos en el Índice de Paridad Efectiva
generan los mayores cambios en la probabili-
dad de supervivencia, lo que refuerza la rele-
vancia de la participación efectiva de mujeres
en espacios de toma de decisiones como un
determinante de transformación institucional.
En contraste, la inclusión nanciera de género
presenta efectos positivos, pero de menor in-
tensidad, lo que sugiere un impacto más gra-
dual y condicionado por restricciones estruc-
turales en el acceso al crédito.
En términos de capacidad predictiva, el
modelo presenta un desempeño adecuado en
la clasicación de entidades; sin embargo,
se identican casos de falsos positivos, par-
ticularmente en cooperativas de menor esca-
la, donde el modelo predice supervivencia a
partir de altos niveles de gobernanza institu-
cional, pese a la existencia de debilidades no
observadas en variables nancieras como ca-
lidad de cartera o gestión del riesgo. Este re-
sultado evidencia que, si bien las variables de
gobernanza e inclusión de género poseen un
poder explicativo signicativo, la sostenibili-
dad institucional es un fenómeno multicausal
que requiere la incorporación de indicadores
nancieros complementarios para mejorar la
capacidad predictiva del modelo.
Tabla 3. Índice Sintético de Gobernanza e Inclusión de Género (ISGIG)
Sub-indicador Dimensión
Resultado Pro-
medio
Impacto en
Supervivencia (β)
CBSᵢ Transparencia (Balance Social) 0,92 0,45*
IPₑ,ᵢ Paridad Efectiva de Decisión 0,54 0,68**
IFGᵢ Inclusión Financiera de Género 0,43 0,31*
CEFᵢ Educación Financiera 0,81 0,40**
ISGIGᵢ Índice Global Agregado 0,68 1,842*
Nota. Conforme a la información disponible en el Portal Estadístico de la Superintendencia de Economía Popu-
lar y Solidaria (SEPS, 2025). Los coecientes β corresponden a estimaciones del modelo de regresión logística
binaria (logit) aplicado a la probabilidad de supervivencia institucional de las COAC. Los valores β reejan el
cambio en los log-odds de supervivencia ante variaciones unitarias en cada subindicador. La signicancia esta-
dística se reporta mediante asteriscos (* p < 0,05; ** p < 0,01). El Índice Sintético de Gobernanza e Inclusión
de Género (ISGIGᵢ = 0,68) constituye una medida agregada del desempeño sectorial en gobernanza, inclusión y
educación nanciera.
Discusión
La evolución del SFPS ecuatoriano entre 2012
y 2025 evidencia que los procesos de depu-
ración institucional no responden exclusiva-
mente a episodios de crisis sistémica, sino a
una estrategia de supervisión intensiva orien-
tada a la consolidación del sector. La reduc-
ción del 55,6 % del universo cooperativo (946
a 394 COAC) y un Índice de Supervivencia
Institucional (ISI) de 41,6 % sugieren la im-
plementación de un modelo regulatorio pre-
ventivo, en el cual la estabilidad nanciera se
articula con mecanismos de control ex ante.
En este sentido, Aymar (2024) sostiene que la
supervisión en el SFPS ha privilegiado el uso
de indicadores nancieros y de riesgo, rele-
gando dimensiones sociales propias del sec-
tor. Esta orientación evidencia una disonancia
entre la eciencia regulatoria y los principios
de la economía social. Como resultado, se
limita una evaluación integral del desempe-
ño cooperativo. Ello plantea la necesidad de
incorporar métricas sociales que equilibren
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Arquitectura sistémica del Sistema Financiero Popular y Solidario en Ecuador: regulación y sostenibilidad
control y nalidad social. De manera comple-
mentaria, Andrade y Guamaní (2024) identi-
can que los procesos de liquidación forzosa
responden principalmente a debilidades en la
gestión institucional y a fallas en los meca-
nismos de control interno. Estas limitaciones
afectan la sostenibilidad y estabilidad de las
organizaciones cooperativas en el tiempo. Por
su parte, Guamán y Urbina (2021) señalan
que la eciencia operativa y la calidad de la
cartera son factores determinantes del desem-
peño nanciero. En esta línea los autores des-
tacan la importancia de fortalecer la gestión y
los indicadores nancieros para garantizar la
sostenibilidad del sector.
Desde la perspectiva de la gobernanza,
la evidencia sugiere que la estabilidad del
sistema tiene relación con la supervisión,
y la calidad institucional interna. León y
Oñate (2024) destacan el rol de los consejos
de administración y el cumplimiento del
buen gobierno como elementos centrales de
legitimidad, mientras que Romero (2023)
conceptualiza la gobernanza cooperativa como
un sistema de reglas formales e informales
que estructura la toma de decisiones. En esta
línea, Arango y Torres (2019) señalan que,
en el caso colombiano, la transparencia y la
participación efectiva son condiciones clave
para la sostenibilidad del modelo cooperati-
vo, al fortalecer la conanza y la rendición de
cuentas. Por su parte, Sánchez-Pachón (2019)
destaca la tensión entre la regulación estatal y
la autorregulación mediante códigos de buen
gobierno. Este equilibrio resulta fundamental
para preservar la autonomía sin debilitar el
control institucional. En este marco, la gober-
nanza mixta emerge como una alternativa que
integra eciencia, legitimidad y principios
cooperativos.
El análisis estructural del SFPS revela una
alta concentración del sistema, con un IHH de
0,7037 sobre activos de USD 28.307 millo-
nes (SEPS, 2025). El segmento 1 concentra el
83,05 % de los activos, lo que evidencia una
estructura jerárquica en forma de pirámide in-
vertida, mientras que los segmentos de menor
escala presentan participación marginal. Esta
conguración plantea un equilibrio entre esta-
bilidad sistémica y vulnerabilidad institucio-
nal en la base de la estructura cooperativa.
En el ámbito de la gobernanza de género,
los resultados muestran una tensión entre pa-
ridad formal y desigualdad funcional. García
(2024) sostiene que la diversidad de género
constituye un componente del buen gobierno
corporativo, aunque su implementación efec-
tiva aún es limitada en el sector cooperativo.
En el caso ecuatoriano, el ISGIG (0,68) y el
coeciente asociado a la paridad efectiva (β =
0,68) indican que la participación femenina en
niveles directivos constituye un factor signi-
cativo en la supervivencia institucional, aun-
que persiste una brecha en posiciones de pre-
sidencia (37,4 %). Este patrón es consistente
con la evidencia internacional de ONU Mu-
jeres (2025), donde la participación femenina
en espacios de decisión sigue siendo desigual.
Desde una perspectiva comparada, Serna
y Rubio-Rodríguez (2016) muestran que, en
Colombia, la existencia de códigos de buen
gobierno no garantiza por sí sola la conan-
za institucional, lo que refuerza la idea de que
la legitimidad depende de su implementación
efectiva. En esta misma línea, Vaudó (2022)
plantea que los modelos de gobernanza deben
integrar mecanismos de compliance y auto-
rregulación para prevenir riesgos sistémicos,
mientras que Cracogna (2003) destaca el rol
de la supervisión como mecanismo de legiti-
mación en América Latina. Estudios recientes
como Becerra y Giraldo (2025) evidencian
una tendencia hacia modelos híbridos de go-
bernanza que combinan regulación estatal y
prácticas voluntarias.
Finalmente, desde una perspectiva histó-
rico-institucional, la trayectoria del SFPS se
inscribe en un proceso más amplio de institu-
cionalización de la economía social. Polanyi
(2003) propone el concepto de -doble movi-
miento- para explicar la tensión entre merca-
do y regulación social, el cual resulta útil para
interpretar las transformaciones del sector. En
el caso latinoamericano, Jácome (2014, 2016)
y Coraggio (2016) destacan que la economía
social y solidaria ha evolucionado mediante
procesos de expansión institucional con ten-
siones estructurales, mientras que Chaves y
Monzón (2018) enfatizan la incorporación de
nuevas dimensiones como sostenibilidad y di-
Revista de Ciencias Sociales y Económicas | Vol. 10. Núm. 2, julio - diciembre 2026
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Arquitectura sistémica del Sistema Financiero Popular y Solidario en Ecuador: regulación y sostenibilidad
Vergara, 2026
gitalización. En conjunto, la evidencia sugiere
que la resiliencia del SFPS depende de la arti-
culación entre supervisión estatal, gobernanza
institucional, inclusión de género y evolución
estructural del sector en un marco de econo-
mía social en transformación.
Conclusiones
La investigación conrma que el cooperativis-
mo nanciero latinoamericano opera bajo una
estructura altamente concentrada, con Brasil
liderando en volumen absoluto y Ecuador
consolidándose como referente en profundi-
dad nanciera y densidad asociativa. El cálcu-
lo del IHH regional (3.884 puntos) y nacional
(0,7037 sobre USD 28.307 millones) valida
la hipótesis de que la sostenibilidad descansa
en núcleos sistémicos de gran escala, mientras
los segmentos menores enfrentan atomización
y baja eciencia.
En Ecuador, el Segmento 1 concentra más
del 80 % de los activos, depósitos y cartera de
crédito, lo que garantiza estabilidad sistémica,
pero plantea la urgencia de procesos de inte-
gración en la base de la pirámide. La depura-
ción institucional del SFPS entre 2012 y 2025,
con una reducción del 55,6 % del universo
cooperativo y un ISI del 41,6 %, demuestra
que la supervisión intensiva y las fusiones han
operado como instrumentos de fortalecimien-
to estructural, plenamente compatibles con los
principios de la economía social y solidaria,
consolidando un modelo de gobernanza pre-
ventiva que protege el ahorro y preserva la
conanza pública.
Estos hallazgos abren nuevas líneas de in-
vestigación orientadas a evaluar la ecacia de
las fusiones en segmentos pequeños y vulne-
rables, especialmente en aquellos con bajo
cumplimiento en programas de supervisión
intensiva y debilidades administrativas que
incrementan su exposición de riesgo operati-
vo. La evidencia muestra que el Segmento 4,
con apenas el 1,64 % de los activos, concentra
una exposición de riesgo superior a la de seg-
mentos mayores (USD 28,9 millones frente a
USD 16,1 millones del Segmento 3), lo que
valida la recomendación de promover proce-
sos de integración como estrategia estructu-
ral de sostenibilidad. En paralelo, el ISGIG
(0,68) conrma que la resiliencia institucional
no depende exclusivamente de ratios nancie-
ros, sino de la legitimidad social construida
a través de la equidad de género, la obliga-
toriedad del Balance Social (CBSᵢ = 0,92) y
la cobertura de educación nanciera (CEFᵢ =
0,81). Aunque se observa una paridad nomi-
nal cercana al 48,4 % de mujeres en cargos
directivos, persiste un “techo de cristal” en
posiciones estratégicas, lo que conrma que
la representatividad femenina en la alta direc-
ción es un predictor crítico de supervivencia
institucional.
En conjunto, la experiencia ecuatoriana
se congura como un laboratorio regional de
sostenibilidad, orientado al cumplimiento de
los principios cooperativos —adhesión vo-
luntaria y abierta, control democrático de los
miembros, participación económica, autono-
mía e independencia, educación, formación e
información, cooperación entre cooperativas
e interés por la comunidad, cuya arquitectu-
ra metodológica y articulación institucional
multinivel integrada por la SEPS, COSEDE,
CONAFIPS, FINANCOOP, RFD, ICORED,
EQUINOCCIO, UCACSUR, entre otras enti-
dades, así como federaciones, redes y uniones
cooperativas y organismos internacionales
ofrece un referente metodológico para forta-
lecer la trascendencia y legitimidad del coo-
perativismo en América Latina . La evidencia
conrma que la eciencia nanciera puede
coexistir con la primacía de la persona, evitan-
do la alineación con el modelo bancario tradi-
cional y consolidando un modelo de solidez
institucional inclusiva. Como hipótesis futura,
se plantea la necesidad de integrar la transfor-
mación digital y la sostenibilidad ambiental al
Balance Social como nuevas dimensiones crí-
ticas de legitimidad cooperativa, asegurando
que la fortaleza del sector no dependa única-
mente de la concentración de activos, sino de
una base institucional más sólida, equitativa
y adaptativa frente a los nuevos paradigmas
globales.
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Arquitectura sistémica del Sistema Financiero Popular y Solidario en Ecuador: regulación y sostenibilidad
Vergara, 2026
Anexos
Anexo 1. Estructura Financiera y Concentración (HHI) de las CAC en América Latina
(2023)
País
Tipo de Ins-
tituciones
Activos
CAC
(USD
mill.)
Participación
LATAM
Participa-
ción SFN
Población
2025
CAC Per
Cápita
(USD/
Hab)
Índice
Herndahl-
Hirschman
(HHI)
Brasil
Cooperati-
vas de Cré-
dito 138.051 60,53% 0,0441 212.812.405 $648,70 3.663,88
Ecuador CAC 25.523 11,19% 0,2706 18.289.896 $1.395,47 125,22
México SCAP 15.435 6,77% 0,0193 131.946.900 $116,98 45,83
Costa Rica
Coop. Fi-
nancieras /
CAC 9.014 3,95% 0,0248 5.152.950 $1.749,29 15,6
Colombia CAC 6.517 2,86% 0,1133 53.425.635 $121,98 8,18
El Salvador CAC 5.568 2,44% 0,1738 6.365.503 $874,71 5,95
Rep. Domi-
nicana
CAC
4.664 2,05% 0,0093 11.520.487 $404,84 4,2
Guatemala CAC 4.390 1,93% 0,0591 18.687.881 $234,91 3,72
Chile CAC 4.293 1,88% 0,0213 19.859.921 $216,16 3,53
Perú CAC 3.719 1,63% 0,106 34.576.665 $107,56 2,66
Paraguay CAC 3.624 1,59% 0,0656 7.013.078 $516,75 2,53
Honduras CAC 2.899 1,27% 0,0798 11.005.850 $263,41 1,61
Panamá CAC 2.463 1,08% 0,0325 4.571.189 $538,81 1,17
Bolivia CAC 1.549 0,68% 0,0135 12.581.843 $123,11 0,46
Uruguay
Coop. Inter-
med. / Capi-
talización 359 0,16% 0,0071 3.384.688 $106,07 0,03
Argentina
CC no su-
pervisadas 0 0,00% 0 46.000.000* $0,00 0
TOTAL
REGIO-
NAL 228.068 100,00% - - 3.884,57
Nota: Este Anexo 1, basado en Durán, Á. (2024), Datos y Ranking de Cooperativas de Ahorro y Crédito en
América Latina (DGRV), presenta la estructura completa del sistema cooperativo de ahorro y crédito en Amé-
rica Latina. Incluye economías de gran escala con nes de cobertura regional, las cuales no son directamente
comparables con Ecuador. La información complementa el análisis presentado en la Tabla 1.
Copyright (2026) © Lorena Silvana Vergara Suárez.
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